Los nuevos mapas de riesgo de inundación dados a conocer por la Junta de Andalucía a finales de abril, mucho más restrictivos que los que estuvieron en vigor hasta que una sentencia los tumbó en 2019, siguen provocando alarma y preocupación en promotores de ... proyectos por realizar y en propietarios de edificios que ahora quedan dentro de la huella de mayor peligro. Resulta especialmente inquietante la combinación del contenido de estos mapas, aún en fase de aprobación, con la normativa que, en relación a la inundabilidad de los suelos, está incluida en el lan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), un plan que aprobó en 2009 el propio Gobierno andaluz y que se resulta de obligado cumplimiento para todos los municipios del área metropolitana de Málaga. En el caso de la capital, por ejemplo, este plan impidió que se aprobaran nuevos desarrollos por encima de la ronda este.
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El artículo 75.4 del POTAUM aborda los usos en las zonas inundables y, para las que estén marcadas por un riesgo de inundación para un periodo de retorno de 50 años –es decir, que corren el peligro de quedar anegadas cada medio siglo– dice textualmente: «Quedará prohibida la edificación e instalación alguna, temporal o permanente». Y añade que «excepcionalmente, y por razones de interés público, podrán autorizarse edificaciones temporales».
Pues bien, los nuevos mapas de peligrosidad elaborados por la Consejería de Desarrollo Sostenible para el periodo comprendido entre 2021 y 2027 señalan específicamente cuáles son los suelos afectados por ese riesgo de inundación con un retorno de 50 años, una huella que se extiende no solo por una gran parte del entorno del cauce del Guadalhorce y del arroyo de las Cañas, sino también por sectores de El Limonar, Pedregalejo y El Palo afectados arroyos.
Según las comprobaciones que ha podido realizar este periódico, dentro de esa huella de los 50 años se encuentran buena parte de proyectos por desarrollar en las proximidades del Guadalhorce, como los suelos de la Azucarera, que fueron adquiridos por el empresario Tomás Olivo; solares para albergar nuevos usos empresariales junto al centro Málaga Nostrum y al oeste del cortijo Bacardi; un proyecto de más de medio millar de viviendas junto a la antigua fábrica de El Tarajal; un nuevo centro comercial frente a Leroy Merlin; y otros muchos espacios con actuaciones pendientes contempladas en el planeamiento urbanístico.
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Asimismo, pese a la distancia con el eje del río Guadalhorce, los nuevos mapas de la Junta prevén ese riesgo con un periodo de retorno de medio siglo para zonas de Carretera de Cádiz como La Térmica, El Pato y las parcelas reservadas por el Ayuntamiento para la implantación de una universidad privada. En teoría, todas ellas también se verían perjudicadas por esa limitación del POTAUM sobre la imposibilidad de construir, que igualmente afecta a sectores de los polígonos de El Viso, La Estrella y Santa Bárbara.
Por otra parte, en la zona oriental de la ciudad, también quedan dentro de la huella de los 50 años de periodo de retorno parte de los edificios de viviendas enmarcados entre el paseo del Limonar y el paseo de Miramar, por el riesgo de inundación del arroyo La Caleta, que en cambio no llega a afectar a la Subdelegación del Gobierno ni al hospital Vithas Parque San Antonio. Además, este mismo nivel de riesgo se extiende por buena parte de la barriada de Pedregalejo y la zona costera de Las Acacias, por la afección del arroyo Jaboneros; y llega incluso a marcar las casas de la playa de El Chanquete y el cementerio y el centro de salud de El Palo, por el cauce del arroyo Gálica. El Consistorio ha iniciado esta semana la contratación de un proyecto para definir medidas con las que reducir el peligro de inundación en la zona este.
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Responsables de la Junta han intentado tranquilizar a empresarios y promotores sobre los efectos de los nuevos mapas de inundabilidad, pero mientras persista en negro sobre blanco la normativa del POTAUM, la incertidumbre jurídica para los suelos mencionados permanece.
A medida que pasan las semanas desde que la Junta dio a conocer los nuevos mapas del riesgo de inundación en Málaga, crece la preocupación en empresarios de los polígonos y en constructores por los efectos en la bajada del valor de los suelos que empieza a tener un documento, aún en fase de tramitación, que el concejal de Ordenación del Territorio de la capital, Raúl López, ha llegado a definir como «una barbaridad» y con un «impacto brutal» en el desarrollo de futuras inversiones. El presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Antonio López, anunció que van a presentar alegaciones. «Hay efectos de esos mapas que necesitan una solución inmediata. Málaga no puede estar parada por este asunto en esta situación de crisis», dijo.
En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos, confesó sentirse «engañado y decepcionado» por el alcalde, Francisco de la Torre, y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. «No sé qué ha pasado para que no se recoja en los mapas el efecto corrector de las obras que acordamos impulsar con ellos y que ya están en contratación por parte de la Junta», apuntó. «Tampoco me explico por qué ahora la incidencia de los arroyos es tan importante que llega a inundar media Carretera de Cádiz. ¿Qué plan de inversión hay para corregir el efecto de los arroyos? No podemos seguir así», afirmó.
Por su parte, Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores, mostró su «desacuerdo» con el método empleado por la Junta para calcular el riesgo de inundación por ser «excesivamente conservador». Asimismo, reclamó a las administraciones que acometan cuanto antes obras correctoras «para que esas zonas no estén en riesgo». «Hay que invertir en infraestructuras. No prohibir, sino solucionar», añadió.
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