
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Uno de los proyectos residenciales más significativos de los que todavía están por desarrollarse en la mitad este de Málaga se encuentra más próximo a ... ser una realidad. Se trata de la operación urbanística prevista desde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1997 en los suelos de la zona conocida como El Lagarillo, al oeste de la urbanización de Pinares de San Antón. Promotores de esta actuación iniciaron hace cuatro años ante la Gerencia Municipal de Urbanismo los trámites para alcanzar la aprobación de una nueva ordenación para este sector, en el que el Plan General prevé la construcción de unos trescientos chalés.
En octubre de 2021, la delegación de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul activó el expediente de evaluación ambiental simplificada para este proyecto, un procedimiento que en teoría debería resolverse en el plazo de tres o cuatro meses pero que, en la realidad, ante el embudo de la burocracia autonómica, ha tardado dos años y medio en completarse. Finalmente, con fecha del pasado día 16, la Junta ha emitido un informe ambiental estratégico en el que da vía libre para que el expediente siga su curso ahora en la esfera del Ayuntamiento de la capital.
La administración regional considera que este proyecto «no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente» siempre que se cumplan las condiciones que han expuesto diversos departamentos autonómicos en sus respectivos pronunciamientos sobre este desarrollo, que abarca una superficie de 363.014 metros cuadrados en la que podrán construirse un total de 285 viviendas, así como edificios comerciales, sociales, escolares, deportivos y hoteleros. El plan para la zona, de la que el 10% de los derechos urbanísticos serán cedidos al Ayuntamiento, también prevé una zona verde pública de 44.328 metros cuadrados.
Uno de los condicionantes para la urbanización de esta futura zona residencial con la que la ciudad volverá a dar un salto hacia Los Montes, por encima de la autovía oriental, es que está atravesada por el arroyo San Antón, que abarca una superficie de unos 8.500 metros cuadrados que tiene que deslindarse como dominio público hidráulico. La Junta ha pedido que se incluya una planimetría más precisa respecto al riesgo de inundación que supone el trazado de este arroyo, y que sus espacios de servidumbre no sean invadidos por viales ni mobiliario o cerramientos que supongan un obstáculo para el paso del agua. En ese sentido, ha detectado que «el cauce y la zona de servidumbre queda atravesado por carreteras y zonas de aparcamientos». No obstante, exige que el Ayuntamiento solicite un informe específico en materia de aguas durante la tramitación del expediente en la Gerencia de Urbanismo.
En cuanto al abastecimiento de agua, desde la Junta también se apunta que las medidas para disminuir en lo posible la demanda hídrica no se refieran únicamente a las zonas verdes, sino también al consumo de las viviendas, centros comerciales, hoteles y áreas deportivas que se prevén en este nuevo sector urbano, «ya que el agua, como recurso indispensable para el desarrollo de la vida, exige una gestión eficaz, máxime ante los periodos de sequía que se esperan y que agravan la situación actual».
De igual modo, la delegación de Medio Ambiente pide que la ordenación proyectada respete más la flora de este enclave de monte, de forma que las zonas verdes previstas al menos igualen la superficie actual de los espacios forestales catalogados como hábitat de interés comunitario.
La ordenación urbanística de estos suelos quedó aprobada definitivamente en diciembre del año 2000 pero hasta ahora no se han desarrollado. El cambio en su diseño está motivado por la intención de eliminar los viales de fondo de saco de más de cincuenta metros de longitud, soterrar y desviar las líneas de alta tensión que atraviesan el sector, dejar el arroyo de San Antón en su estado natural, ubicar un depósito de abastecimiento de agua, y rebajar los taludes colindantes con la autovía.
Vecinos de la zona intentaron hace años frenar este proyecto en los tribunales, pero finalmente no lo lograron. El Plan General pide que los movimientos de tierra sean «los mínimos e imprescindibles» y que se procure respetar el arbolado existente, ya que las talas tendrán que ser «excepcionales y deberán justificar que cualquier otra solución resulta inviable». Asimismo, exige que se lleve a cabo una reforestación de las zonas verdes.
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