Nuevo paso hacia la construcción de 1.348 VPO al sur de la autovía del Guadalhorce en Málaga

El Boletín Oficial del Estado publica este lunes el acuerdo suscrito entre esta entidad estatal y E-Distribución Redes Digitales para llevar a cabo el suministro eléctrico de esta futura urbanización en la que, según se recoge en la documentación oficial, está prevista la construcción de 1.348 viviendas de protección oficial repartida en 14 promociones que van a tener una altura de planta baja más tres y ático.

En este convenio se establece que, como ejecutora de las obras de urbanización de estos suelos, Sepes debe llevar a cabo todas las infraestructuras necesarias para el suministro eléctrico de las futuras viviendas, y E-Distribución se encarga de desarrollar las conexiones necesarias para canalizar ese suministro. Para ello, Sepes tendrá que abonar a E-Distribución un total de 1.469.971 euros más IVA. Asimismo, Sepes tendrá que retribuir a la empresa distribuidora por la supervisión de las instalaciones cedidas, antes de su puesta en servicio. Para ello, se ha estimado un máximo de 10.000 euros.

Con todo, la ejecución de esta importante operación de VPO depende aún de que sea aprobado por el Ayuntamiento el proyecto de urbanización de los terrenos que Sepes remitió a la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado verano. Según han apuntado desde el equipo de gobierno local, ese proyecto no ha sido autorizado todavía porque desde la administración estatal lo están "adaptando a las determinaciones de los informes sectoriales" que sobre ese documento han emitido otros organismos públicos.

En materia de movilidad, en el proyecto se han hecho las reservas necesarias de suelo para dar continuidad al metro ligero desde la zona norte de la Universidad hasta el sur de la carretera A-357 y, conforme al PGOU vigente, se ha planteado el acceso al barrio mediante un enlace con la avenida de Ortega y Gasset a través de una glorieta que se ha diseñado para que sea compatible con la futura variante de la A-7054.

Estas viviendas forman parte de un plan estatal que busca promover suelo para pisos protegidos a precios asequibles que su gran mayoría no serían construidos por el Gobierno, ya que su intención es pactar con los ayuntamientos la cesión de estos terrenos a empresas privadas para que sean estas las que desarrollen los proyectos, con unas condiciones en cuanto a precios de los alquileres y calidades arquitectónicas.