Una nueva norma estatal complica los planes del alcalde de Málaga para el tramo urbano del Guadalmedina

El Gobierno andaluz ha dejado en manos del Ayuntamiento el desarrollo de esa otra fase de las soluciones para integrar el río en la ciudad, una parte que camina mucho más lenta. Esa actuación municipal –desde el puente de Armiñán hasta la desembocadura– se hará esperar todavía varios años más, ya que su desarrollo depende de la aprobación de un plan especial para el río contemplado en el Plan General de Ordenación Urbanística del que, por el momento, sólo se ha elaborado un avance.

En este plan cobran protagonismo las actuaciones diseñadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo para 'coser' la herida del río mediante una operación de embovedado planteada al norte del puente de la Aurora, entre la Trinidad y el entorno de Carretería; y la realización de los llamados 'puentes-plaza' (de mayor anchura para espacios peatonales), a la altura del Museo de Artes Populares y de la iglesia de Santo Domingo, separados eso sí del histórico puente de los Alemanes.

Tres años después de que el Ayuntamiento diseñara esas intervenciones, su tramitación depende todavía de una evaluación ambiental previa por parte de la Junta que se ha empezado a realizar a lo largo de 2022 y que podría durar un año o más. Urbanismo remitió a la delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible el documento ambiental necesario para que pueda cursar esa evaluación, en la que se recabarán varios informes de diferentes departamentos autonómicos. Este proceso, que se activó el pasado 23 de mayo con la admisión a trámite del estudio ambiental, servirá para que los técnicos regionales se pronuncien sobre el embovedado y los 'puentes-plaza'.

Según ha podido conocer este periódico, en el departamento de aguas de la Junta no se tiene una postura de rechazo a estas propuestas municipales. Los responsables autonómicos están abiertos a estudiarlas, en función de sus características.

No obstante, sí advierten de que el Gobierno central ha introducido recientemente cambios en el Reglamento de la Planificación Hidrológica que complican mucho más cualquier actuación que se quiera realizar en un cauce y que suponga una alteración. SUR ha indagado en esas variaciones y ha comprobado que obligan a justificar mucho más cualquier actuación en una masa de agua –un río o un canal lo es– que suponga una modificación de sus características físicas. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han remarcado a este periódico que «el deterioro del estado de una masa de agua está genéricamente prohibido». No obstante, han apuntado que pueden autorizarse «exenciones» respecto a modificaciones de los cauces siempre que cumplan las fórmulas para hacerlo que se marcan en el reglamento.

Y es aquí donde, según la Junta, se complica el camino para intervenciones como la que el Ayuntamiento pretende desarrollar en el Guadalmedina. Una de las principales es la obligación de justificar pormenorizadamente esa intervención en el plan hidrológico que corresponda. En este caso, se trata del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que precisamente se encuentra en proceso de revisión por parte de la Junta para el periodo 2022-2027, sin incluir por ahora el proyecto para el tramo urbano del Guadalmedina. Además, el Gobierno obliga a que se justifique la alteración de un cauce no solo en el ámbito «afectado por la actuación» sino haciendo referencia también a «todas las masas de agua involucradas, tanto si a priori se prevé su deterioro como si no».

Para responsables de la Junta consultados esto puede suponer en la práctica que «no se pueden alterar los cauces». No obstante, el tiempo dirá qué efectos puede tener esta variación normativa en el plan que defiende el alcalde, Francisco de la Torre, para el río.