La nueva Limasa se pone en marcha el 1 de julio

El acuerdo de la Junta de Gobierno local representa el paso definitivo para la municipalización del servicio de limpieza y recogida de residuos, fijando para el 30 de junio el punto y final de un sistema mixto (el 51% está en manos privadas) que debía acabar en abril de 2017 tras 16 años de concesión pero que sigue prorrogado debido a los continuos debates, dudas y negociaciones tanto a nivel político como laboral.

El actual contrato está en vigor desde 2001 y fue prorrogado en abril de 2017 hasta que se analizara y se pusiera en funcionamiento el nuevo modelo. El socio privado -añade la nota- ya manifestó su conformidad a este procedimiento en 2017, mediante escritos en los que señalaba el 16 de febrero de 2017 que «nuestra entidad como accionista de Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A., actual concesionaria de ese Ayuntamiento para la prestación del Servicio de Limpieza no tiene inconveniente en aceptar su propuesta de modificar el art. 7 del Pliego de condiciones; «nuestra entidad manifiesta su voluntad de proceder a la prórroga del contrato».

La prórroga se llevó a cabo mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de marzo de 2017, que recogía textualmente: «Aprobar la prórroga de la citada contratación por el periodo mínimo necesario hasta que entre en funcionamiento la nueva prestación del servicio de limpieza, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos, sea cual fuere la forma en que éste se lleve a cabo, según el modelo que se decida, y hasta el máximo de ocho (8) años previsto en los pliegos que rigen el contrato, a contar desde el día 17 de abril de 2017».

Ante este acuerdo, de nuevo el socio privado se mostró conforme y colaborador, sin ningún tipo de alegación, tal y como lo manifestó el 24 de marzo de 2017 en un nuevo escrito de Servicios Urbanos de Málaga S.A. que literalmente contiene el siguiente texto: «le manifestamos que para el caso de que la duración de la citada entidad no alcance la duración máxima propuesta de ocho (8) años, Servicios Urbanos de Málaga, S.A. no reclamará cantidad alguna a ese Excmo. Ayuntamiento por dicha causa, entendiendo que la finalización de la compañía se podrá producir antes del referido plazo en los términos que se contemplan en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de marzo de 2017».

En cualquier caso, la limpieza en Málaga iniciará el 1 de julio una nueva etapa. Si dará mejores o peores resultados, el tiempo lo dirá. El camino empezó a despejarse en abril del año pasado con el acuerdo con los sindicatos a la hora de cerrar un convenio colectivo que garantice la paz social cuando los trabajadores pasen al ámbito público como personal laboral y continuó en la Casona del Parque con los acuerdos plenarios que han posibilitado la creación de la nueva empresa municipal Limpieza de Málaga. A partir de ahora, se pone el reloj en marcha para completar el trasvase de una sociedad a otra de los 1.800 empleados que conforman la plantilla, así como la reversión de las instalaciones y de toda la maquinaria.

En el plano laboral, los trámites a abordar consisten en incorporar al convenio vigente un acto en el que se queden definidas las modificaciones de las condiciones laborales de la plantilla, entre las que destacan dos cuestiones. Por un lado, la suspensión durante el tiempo que la empresa sea pública de los polémicos artículos que permiten dejar el puesto de trabajo en herencia y, por otro, que una parte del salario (1.481 euros anuales) pasará a ser variable al ir ligado a la eficiencia en el trabajo diario y al no absentismo. «Después de tanto tiempo, el objetivo está conseguido por el bien de la plantilla, del Ayuntamiento y de la limpieza en Málaga», ha afirmado el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte.

Si el camino con los trabajadores parece libre de obstáculos, el procedimiento paralelo de liquidación y disolución de Limasa III, cuyos plazos no tienen por qué coincidir con la entrada en servicio de su sucesora pública. En este trámite, cada parte recuperaría su paquete accionarial, que para la parte privada supondrá la reversión de 3 millones de euros. Además, quedarían por repartirse el montante que se ha ido dejando en reserva, que al cierre de 2018 ascendía a 2,7 millones aunque la partida será mayor cuando llegue el momento. En su conjunto, las estimaciones apuntan a que los socios privados recuperarían unos 5 millones. Sin embargo, la parte privada, Servicios Urbanos de Málaga (integrada por FCC, Urbaser y en menor representación Sando y Unicaja, y que posee el 51% del paquete accionarial) ya dejó claro en cada periodo de alegaciones de los trámites que exige más dinero, llegando a reclamar al Consistorio que ponga los 8,68 millones de euros correspondientes a los siete últimos años en los que los accionistas renunciaron al reparto de dividendos, una cuantía que igualmente se distribuiría a cada parte al 49-51%, por lo que la parte privada serían 4,4 millones.

En el plano económico, el ahorro con el cambio de modelo es sustancial. Según avaló la Intervención Municipal, frente a los 100,3 millones de euros anuales que le cuesta al Ayuntamiento la actual Limasa, una privatización total costaría 97,9 millones mientras que una gestión pública de la limpieza viaria y la recogida de residuos a través de una empresa municipal saldría por 92,6 millones al no tener que abonar el IVA de la mano de obra y ahorrarse otros conceptos como la obligatoriedad de obtener un 2% de beneficio o el canon de asistencia técnica que cada año reporta 2 millones a la parte privada.

Tras el anuncio de la Junta de Gobierno Local, la edil responsable de Limasa, Teresa Porras, ha celebrado estar ante un «día histórico» y ha dado la enhorabuena tanto a todos los departamentos municipales que han trabajado en este procedimiento como a los trabajadores de Limasa. En cuanto a si se notará el cambio en la calle, remarca que para ello es «fundamental» la colaboración ciudadana. «El cambio se notará en la calle si la gente quiere que se note. Seguiremos con las campañas de concienciación», ha afirmado la edil, recordando malos hábitos como los aquellos que tiran al suelo los guantes y mascarillas

En cuanto a la tramitación que queda por delante, una vez aprobado este asunto en la Junta de Gobierno Local se notificará a la empresa para que inicie el proceso de disolución y liquidación. Además, en el pleno del día 28 de mayo se va a aprobar una modificación de los estatutos de la nueva empresa para corregir unos errores en la redacción, según ha confirmado Porras a este periódico.