La nueva Limasa se llamará Limpieza de Málaga

Aunque anecdótico, el nombre de la nueva sociedad anónima municipal era una de las cuestiones que quedaban pendientes en el proceso de municipalización del servicio, que este viernes ha dado un paso decisivo con la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno Local del proyecto de tres nuevas ordenanzas que den soporte y se adapten al nuevo modelo de gestión y prestación de los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de los residuos sólidos.

En concreto, se trata del reglamento regulador del servicio limpieza, la prestación patrimonial por la de recogida de residuos sólidos y la prestación patrimonial por el tratamiento de residuos sólidos. Estos tres proyectos de ordenanzas seguirán sus procedimientos de exposición pública y posterior aprobación definitiva. Por este motivo, la previsión es que el nuevo modelo de gestión no se haga efectivo hasta bien entrado el primer trimestre de 2020. Mientras tanto, seguirá prorrogado el sistema mixto actual (el 51% de las acciones están en manos privadas), que debió expirar en abril de 2017 tras 16 años de concesión pero que se mantiene 'sine die' como consecuencia de la indecisión que durante varios años se instaló en el Ayuntamiento a la hora de zanjar el futuro de la empresa. Una cuestión que quedó zanjada el pasado mes de abril con el acuerdo con los sindicatos a la hora de cerrar un convenio colectivo que garantice la paz social cuando los trabajadores pasen al ámbito público

En el plano económico, el ahorro con el cambio de modelo es sustancial. Según avaló la Intervención Municipal, frente a los 100,3 millones de euros anuales que le cuesta al Ayuntamiento la actual Limasa, una privatización total costaría 97,9 millones mientras que una gestión pública de la limpieza viaria y la recogida de residuos a través de una empresa municipal saldría por 92,6 millones al no tener que abonar el IVA de la mano de obra y ahorrarse otros conceptos como la obligatoriedad de obtener un 2% de beneficio o el canon de asistencia técnica que cada año reporta 2 millones a la parte privada (FCC y Urbaser, y de forma minoritaria Sando y Unicaja).