El muro de la cita previa se resiste a caer

En una rutina que ha vuelto a una realidad pre-covid aún quedan hechos y acontecimientos que recuerdan a pandemia. Revivir los tiempos de distanciamiento social y lejanía en el trato sigue siendo posible sin necesidad de salir de la ciudad. Basta con acudir a la mayoría de administraciones, sin importar si dependen del Gobierno, de la Junta o del Ayuntamiento, para comprobar que el muro de la cita previa se resiste a caer. La pandemia transformó de un día para otro las relaciones burocráticas vigentes hasta entonces. Pensiones, certificados digitales, vidas laborales, ayudas al alquiler o tributos municipales. Son solo algunos ejemplos de gestiones que antes se podían realizar en una mañana y que, luego, se toparon con el «solo se atiende con cita previa». Una realidad que se mantiene también en Málaga, como ha podido comprobar este periódico en un nuevo recorrido por los edificios en los que se encuentran administraciones como el Instituto Nacional y la Tesorería de la Seguridad Social, las delegaciones territoriales de la Junta, el SEPE o Gestrisam.

La diferencia que sobrevuela este viaje, si se compara con anteriores, es el anuncio del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, sobre la eliminación de la cita previa para la realización de trámites en la Administración Pública. Un anuncio que no apuntó a una fecha concreta y que ahora se topa con la reticencia de los sindicatos. El presidente provincial de CSIF, Francisco Javier Domínguez, habla sin rodeos. «El anuncio fue muy bonito de palabras, pero no se puede realizar mientras que no se dote de más personal a las administraciones», asegura a SUR. Estima que el déficit de funcionarios ronda entre el 15% y el 20% en las actuales plantillas de las administraciones.

En la calle Huéscar, a espaldas del edificio Galaxia, se encuentran el Instituto Nacional y el de la Tesorería de la Seguridad Social. La verja metálica, que antaño aparecía bajada, ya no lo está. El vigilante de seguridad que antes aguardaba en la entrada, ahora se encuentra en el interior del edificio. Las tareas que realiza siguen excediendo a las funciones propias de un vigilante. Encarna el último eslabón en cuanto a rangos salariales, pero se convierte, sin embargo, en el primer contacto entre el ciudadano y la administración. Redirige las peticiones, absorbe la ira de usuarios frustrados y señala que trámites como el acceso a la vida laboral, que antes se podían realizar desde la propia oficina, ahora se hacen por la vía telemática. Un proceso abordable para nativos digitales, pero que resulta muy complicado, sobre todo, para las personas de avanzada edad.

La brecha digital se agranda y lleva a la desesperación a los que ven cómo se cumplen los plazos para realizar determinados trámites. Por ejemplo, solicitar el inicio de la jubilación o algún subsidio. Para muchos, no lograrlo equivale a un mes con ingresos a cero y estar contra la pared. «Es increíble que nos hayan quitado el derecho a ser atendidos sin necesidad de una cita previa. El funcionario tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés», subraya el presidente de la Unión de Consumidores en Málaga, Jesús Burgos. «A diario recibimos las quejas de personas por las dificultades que sufren para ser atendidos por las administraciones. Hemos llegado a un punto, en el que en la asociación tenemos a un trabajador que se dedica de manera exclusiva a navegar por la telaraña burocrática que aleja al usuario», precisa. Para Burgos, cada día que pasa con la cita previa como requisito es un día de «indefensión» para el ciudadano.

En el número 22 de la calle Compositor Lehmberg Ruiz está el edificio que acoge a la Consejería de Hacienda y de Economía de la Junta de Andalucía. Unas escalares llevan al interior, donde se realizan, entre otros, los trámites relacionados con los impuestos sobre las transmisiones patrimoniales o impuestos sobre el patrimonio, además del impuesto sobre sucesiones y donaciones. La imagen resulta familiar: un vigilante de seguridad ya intercepta a medio camino y niega con la cabeza cuando se le pregunta si es posible ser atendido sin cita previa.

La constatación de una nueva forma de afrontar la burocracia también se puede experimentar aquí. Varias personas, que han acudido sin concertar antes una cita, quedan sin atención. El rótulo en la puerta no deja lugar a dudas: «Para la realización de cualquier trámite en estas dependencias es necesaria la obtención de cita previa».

Esta realidad no solo choca contra la vuelta a la normalidad en el resto de ámbitos. También lo hace contra los programas electorales que presentaron los dos grandes partidos a las últimas elecciones generales del 23 de julio. «Implantaremos un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía sin cita previa obligatoria», reza el de programa del PSOE en la página 233. «Se han cronificado problemas como la cita previa, que supone una barrera insalvable para muchas personas que necesitan hacer trámites», se puede leer en la página 85 del programa electoral del PP.

La dificultad para acceder a una cita previa crea situaciones insólitas. Un ejemplo flagrante es el de Carmen Estébanez, 56 años, vecina de Cruz de Humilladero. Después de agotar la prestación de desempleo de su último trabajo, solicitó el subsidio para mayores de 52 años. «Para justificar que cumplía con los requisitos, acudí a la oficina del SEPE en la calle Eguiluz. Me topé con el vigilante de seguridad, que me dijo que no podía acceder sin cita previa», relata a SUR.

A partir de aquí, comenzó una odisea infructuosa para obtener una cita previa. «Te dan un número al que debes llamar. Tienes que estar lista a las siete de la mañana porque salen muy pocas citas. Y eso hacía, pero era imposible. La desesperación me hizo llamar más de cien veces en un día», recuerda.

Juan Sepúlveda es el coordinador del sector de la Administración del Estado de CCOO en Málaga. En una conversación con SUR, defiende la utilidad de la cita previa, aunque asegura que los funcionarios no se cierran a ponerle fin, siempre que las plantillas se doten de más personal. «El anuncio de Escrivá suena muy bien desde un despacho de Madrid, pero deja al pie de los caballos a los que trabajan en primera línea». Sepúlveda habla de unas plantillas envejecidas y desbordadas de trabajo. «Si a eso se le suma que se tenga que atender de manera presencial al que llegue, sería inasumible», sentencia.

La existencia de una realidad prepandemia y una realidad postpandemia también se evidencia en el peso que las administraciones le han dado a los procesos telemáticos. Cada vez se extienden a más ámbitos. Asumible para algunos, pero una cortapisa virtual que parece infranqueable, sobre todo, para las personas mayores.

Del anuncio de Escrivá de poner fin a la obligatoriedad de la cita previa se desliza también la necesidad de una modificación legislativa. Diego Gómez, abogado y profesor de derecho administrativo en la Universidad de Vigo, asegura, sin embargo, que no sería necesaria. «Para acabar con esa obligatoriedad de la cita previa no hace falta modificación legislativa alguna. No solo eso. Cuando acabó la situación de emergencia sanitaria que exigía controlar los aforos por razones de salud pública, seguir manteniendo una cita previa obligatoria para que los ciudadanos puedan acceder a las oficinas de asistencia en materia de registros y servicios de atención ciudadana de las Administraciones Públicas es contrario a derecho», insiste.

Gobierno central y Junta de Andalucía. Pero también en la administración municipal se mantiene la cita previa. En el antiguo edificio de La Tabacalera, unas cintas acordonan las escaleras que dan entrada al edificio donde se realizan todo tipo de gestiones tributarias relacionadas con el Ayuntamiento de Málaga. A la llegada, en un tablón de anuncios se invita otra vez a solicitar la correspondiente cita previa. El número de teléfono que aparece es, así lo avisa el contestador, de «tarificación especial».