La municipalización de Limasa se alarga y apunta ya a comienzos de 2021

Un periodo transitorio en el que se siguen aplicando dos polémicos conceptos contractuales que elevan el gasto en limpieza de la ciudad y que desaparecerán con la nueva entidad pública. Y eso pese a que desde hace siete años no hay reparto de dividendos. Por un lado, el que obliga a la actual sociedad a cerrar cada ejercicio con un beneficio antes de impuestos del 2%, una cláusula que se implantó en 2004 para compensar a la parte privada (FCC y Urbaser, y de forma minoritaria Sando y Unicaja) por nuevos trabajos encomendados que no figuraban en el contrato y por las subidas salariales por encima del IPC que en los años de bonanza fue aprobando el gobierno de Francisco de la Torre para evitar conflictos laborales. En el último ejercicio aprobado (2018) supuso a las arcas públicas un aporte extra de 13 millones (117 desde que comenzó a aplicarse) al margen de los 77,8 facturados por la prestación del servicio.

Por otro lado está el canon de asistencia técnica, un concepto que bajo el paraguas de asesoramiento jurídico, informático y legal le reporta cada año el 2,5% de la facturación. En 2018 ingresaron por esta vía 2,26 millones, que se suman a los 30,8 que se llevan abonados desde el inicio de la concesión en abril de 2001.

Aunque los trámites para la municipalización se están alargando más de lo previsto, la decisión sí que es definitiva después de varios años de dudas e incluso conflictos internos en el propio PP a la hora de zanjar el futuro de la empresa. Tras cerrar el pasado abril un convenio laboral con los sindicatos que garantice la paz social hasta 2022, y una vez configurado el nuevo gobierno municipal salido de las elecciones, la maquinaria administrativa se puso en marcha en la reunión de la Junta de Gobierno Local del pasado 15 de noviembre y, posteriormente, en el pleno de diciembre con la aprobación inicial de la memoria justificativa sobre la que se decidió el cambio de modelo, los estatutos de la nueva entidad y los proyectos de tres nuevas ordenanzas que den soporte y se adapten al nuevo modelo de gestión y prestación de los servicios de limpieza, recogida y tratamiento de los residuos sólidos.

El siguiente hito debe marcase este mes con la publicación de estos acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento a partir del cual se abrirá un periodo de 30 días de exposición pública para la presentación de posibles alegaciones, al que le seguirían otros 15 para estudiarlas y resolverlas otra vez en pleno, probablemente en la sesión ordinaria de abril. Sería entonces cuando se acometería la constitución de la nueva empresa municipal, que no se completaría antes de julio, quedando entonces pendiente el trasvase de la plantilla y la reversión de las instalaciones y de toda la maquinaria.

De forma paralela e independiente a este procedimiento, en el Ayuntamiento también están trabajando en la liquidación de Limasa III, cuyos plazos no tienen por qué coincidir con la entrada en servicio de su sucesora pública. En este trámite, cada parte recuperaría su paquete accionarial, que para la parte privada supondrá la reversión de 3 millones de euros. Además, quedarían por repartirse el montante que se ha ido dejando en reserva, que al cierre de 2018 ascendía a 2,7 millones aunque la partida será mayor cuando llegue el momento. En su conjunto, las estimaciones apuntan a que los socios privados recuperarían unos 5 millones. Por su parte, todas las instalaciones y la flota de vehículos revertirán al Ayuntamiento, al igual que el pasivo reflejado en las cuentas, que en las de 2018 era de 10,1 millones de euros (9,1 por la adquisición de maquinaria y vehículos, y 996.163 de un préstamo bancario).