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La Justicia en Málaga se encuentra en «quiebra técnica». Los juzgados ingresan más casos de los que puede resolver el número actual de magistrados. Esta es la realidad que denunció hace tan solo diez días el juez decano de la capital, José María Páez, y a la que se ha referido este jueves la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el transcurso de la jornada inaugural del duodécimo Congreso Notarial Español celebrada en el Auditorio Edgar Neville. «Sabemos que la falta de unidades judiciales (juzgados y plazas de magistrados) para abordar la enorme litigiosidad que hay, no solo en Málaga, sino en todo el territorio nacional, es un problema estructural que deriva de nuestro modelo de justicia», ha admitido la ministra, quien ha asegurado estar pendiente del reparto de las nuevas unidades judiciales creadas.
Aunque Llop no ha precisado datos, el juez decano ya mostró su preocupación después de conocer que el Ministerio de Justicia ha decidido crear «solamente» 70 plazas en todo el territorio nacional: «Tras la convocatoria habrá un reparto territorial y estamos muy preocupados por el número que se destinará a Málaga, que es una incógnita», dijo. En este sentido, Llop ha asegurado que están ahora mismo en fase de ver con el Consejo General del Poder Judicial y la administración territorial dónde se ubican, aunque con independencia de eso, ha querido mandar un mensaje a la Junta de Andalucía: «No podemos olvidar que la Consejería de Justicia también tiene competencias para dotar de medios a los juzgados, porque la responsabilidad es compartida».
Llop ha indicado que están trabajando en un cambio de modelo del sistema de justicia a través de las leyes de eficiencia, con la digitalización y la interoperabilidad entre los distintos procesos de gestión procesal. «Sabemos que nuestro sistema de justicia es como un agujero negro que absorbe todo el trabajo que se le echa y no es nada eficaz, pero también cada comunidad autónoma tiene su propia responsabilidad», ha subrayado. «Más de 30 millones de euros van a venir a Andalucía a través de los Fondos europeos de Recuperación, Resiliencia y Transformación y estoy segura que una vez se aprueben esas leyes de eficiencia, porque hay un consenso político e institucional sobre la necesidad de cambiar este modelo de justicia obsoleto, podrá abordarse ese cambio estructural para mayor eficiencia de nuestra justicia«, ha indicado.
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