La mayoría de grupos municipales rechaza hacer una consulta ciudadana sobre la torre del Puerto

La comisión especial de transparencia celebrada este martes en el Ayuntamiento ha servido para que vuelva a manifestarse el férreo apoyo de los grupos municipales del PP, PSOE y Ciudadanos respecto al proyecto para levantar una torre de 135 metros para uso hotelero en la plataforma del dique de Levante del puerto. Con sus nueve votos han rechazado una iniciativa del portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, en la que se proponía, entre otras cuestiones, la celebración de una consulta ciudadana sobre este proyecto.

«Queremos que se abra un proceso participativo como el que se hizo con la obra de la Alameda Principal», ha señalado Zorrilla, que sí ha contado con el apoyo de Málaga Ahora y del concejal no adscrito de Podemos, Juan José Espinosa. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha remarcado que el proyecto es defendido por los principales partidos y que alguno de ellos incluso lo llevó en su programa electoral de 2015. «El debate político sobre esto lo dimos por terminado hace mucho tiempo», ha apostillado Pomares, quien ha recordado que está previsto que la actuación se someta a un periodo de exposición pública de dos meses por parte de la Gerencia de Urbanismo, una vez que el Puerto presente una documentación que este organismo municipal le ha requerido.

Por otra parte, también a raíz de una propuesta de IU-Málaga para la Gente, todos los grupos políticos municipales han mostrado su rechazo al proyecto que hasta ahora pretendía desarrollar el Gobierno central para llevar la biblioteca pública estatal al antiguo colegio de San Agustín. El Ministerio de Cultura ha anunciado recientemente que va a revisar ese proyecto para que sea más respetuoso con el edificio. En la comisión, el gerente de Urbanismo, José Cardador, ha recordado que la actuación planteada hasta ahora, que no tiene la licencia de obras expedida porque se requirió una documentación que el Ministerio de Cultura aún no ha presentado, contaba con todos los informes positivos de la Consejería de Cultura.

Por otro lado, a raíz de una petición de información del viceportavoz del PSOE, Sergio Brenes, los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo han admitido las dificultades que existen para que se lleven a cabo los proyectos de mejoras de urbanización y dotaciones en barriadas que en su origen fueron creadas por la autoconstrucción de viviendas fuera de la legalidad. En un informe de los técnicos de Urbanismo aportado en la sesión, se reconoce que es muy difícil que estos planes de urbanización frutifiquen por «la diferencia de intereses entre los que tienen legalizada o prescrita la infracción de su vivienda y los que no la tienen; o entre los que tienen urbanizada su calle y los que no la tienen, o entre los que tienen su casa construida y los que no la tienen». Además, Urbanismo recuerda que la ejecución de estos planes supone para los vecinos tener que asumir una parte importante de los gastos de urbanización y obtención de dotaciones a su costa, «para los que generalmente no hay medios, con lo que es difícil no solo que inicien la redacción de los documentos de los planes especiales, sino que los que redacta la Gerencia de Urbanismo sean definitivamente asumidos en sus costes por los vecinos afectados», señalan desde la Gerencia.

En la sesión ha salido adelante, con los votos positivos de los grupos de la oposición y la abstención del equipo de gobierno, una iniciativa de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, para crear una oficina contra el fraude y la corrupción en el Ayuntamiento de la capital a semejanza de la impulsada por el Consistorio madrileño. El concejal de Economía y Personal, Carlos Conde, ha señalado que existen suficientes mecanismos de control respecto a esta cuestión y ha admitido que actualmente no existen medios para poner en marcha un departamento esas características.