La mayor urbanización de Málaga se abre paso en Churriana para 2.847 viviendas

El proyecto de urbanización de los suelos, elaborado por CAI y Narval, está valorado en 53,9 millones de euros (incluido el campo de golf), y tiene un plazo estimado de ejecución de 28 meses, algo más de dos años. Estos trabajos de transformación de los terrenos ya tienen la aprobación del Ayuntamiento pero, para que puedan iniciarse, tienen que resolverse antes otros trámites, entre los que se encuentra el pago de indemnizaciones a las casas que se encuentran en esta zona de Churriana y que tienen que ser derribadas porque, además de ser incompatibles con la operación que se va a desarrollar, se encuentran fuera de la legalidad, ya que invaden una vía pecuaria.

Según se contempla en el proyecto de reparcelación del sector, asesorado por el despacho de abogados Ius Urbis, en la zona existen actualmente 25 viviendas de las que 15 pueden mantenerse porque su situación urbanística lo permite, y 10 tienen que desaparecer porque su legalización resulta inviable.

No obstante, los promotores de Rojas Santa Tecla (unos doscientos propietarios de los que la mayor parte de los derechos constructivos están en manos de los herederos de Juan Jiménez-Lopera, fallecido en 1977) han acordado indemnizar a los residentes en esa decena de viviendas valorando el coste del suelo que ocupan, de la construcción que habitan y del alquiler de un piso en la zona de Churriana durante los próximos cinco años. Así, se han establecido pagos que oscilan entre 59.301 y 151.295 euros en total.

En total, la junta promotora del sector tendrá que desembolsar 2,2 millones de euros en concepto de compensaciones no solo a los residentes en las viviendas que tienen que ser demolidas para dar paso a este proyecto, sino también a propietarios de parcelas sin edificación que no reúnen las condiciones suficientes para mantenerlas en su poder.

Algunos de estos propietarios han aceptado las indemnizaciones, y otros no están de acuerdo con el valor acordado. En concreto, según ha podido conocer SUR, tres de las familias residentes en viviendas que van a ser demolidas lo han recurrido. No obstante, en esos casos, los promotores depositan la compensación ante notario y se puede seguir con el trámite hacia la ejecución de las obras de urbanización, que se pueden acometer en varias fases, dejando el desalojo de esas casas para más adelante.

Según el plan urbanístico que aprobó el pleno municipal en marzo de 2017, además de las viviendas, esta actuación incluye también dos parcelas para uso comercial –una en el límite con Torremolinos, al otro lado de la autovía, y otra al norte de los suelos del campamento Benítez– que suman 30.115 metros cuadrados, un club de golf en un suelo de tres mil metros cuadrados, equipamientos deportivos en una superficie de 22.784 metros cuadrados, sociales (24.207 metros cuadrados) y escolares (45.690 metros cuadrados). Asimismo, se reservan 330.353 metros cuadrados para zonas verdes y 244.172 metros cuadrados para viales. Se han previsto también 2.763 plazas de aparcamiento en superficie, de las que 70 serán reservadas para personas con movilidad reducida.

En el proyecto de Rojas Santa Tecla, más de la mitad de los derechos urbanísticos están en manos de la familia Fierro-Van Dulken, herederos de Juan Jiménez; un 12% corresponden a Land Co, la promotora de suelo del Banco Santander, que aquí tiene previsto edificar 335 viviendas; y otro tanto está en manos de la sociedad Málaga Oeste, tras la que se encuentra la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez. El resto son propietarios con menores porcentajes.