La operación urbanística para transformar una zona de naves situada junto a la barriada de Nuevo San Andrés, a espaldas de la estación de trenes ... Victoria Kent, vuelve a su previsión inicial, tal y como está contenida en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2011. En este enclave está previsto el derribo de esas naves para la construcción en su lugar de una torre-rascacielos de oficinas de planta baja más 18, más un conjunto de 95 pisos, 6.580 metros cuadrados de zonas verdes y la ampliación de la calle Balazón para mejorar las conexiones entre los barrios que años atrás estaban separados por las vías del tren.
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Esta actuación arrastra una complicada situación urbanística, con sentencias judiciales de por medio, que ha terminado con un informe desfavorable del Consejo Consultivo a la modificación del PGOU que estaba tramitando el equipo de gobierno municipal para que la zona se dedicara finalmente a la realización de un centro comercial con una volumetría similar a la de las actuales naves, en planta baja más uno.
En la comisión plenaria de Urbanismo del próximo lunes, el Consistorio renunciará a esa modificación del PGOU tras el informe negativo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, por lo que se regresará al proyecto de la torre y las viviendas contemplado en el Plan General.
No obstante, la gestión de esa operación urbanística no se hará ya como estaba inicialmente contemplada. El PGOU estableció para estos suelos una calificación que obligaba a sus propietarios a ceder al Ayuntamiento el 10% de los derechos edificatorios de las parcelas, correr con los gastos de una nueva urbanización y llevar a cabo una serie de trámites para ordenarla la zona, antes de poder edificar. Estos privados, asesorados por el abogado de Consulting de Derecho Urbanístico Juan Ramón Fernández-Canivell, se opusieron a esa forma de ejecutar el proyecto y obtuvieron una sentencia favorable del Tribunal Supremo que les dio la razón. De este modo, a la hora de desarrollar el proyecto, ya no tienen que cumplir con esas obligaciones, y podrán exigir al Ayuntamiento la expropiación de los suelos reservados para zonas verdes y públicas.
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