Urbanismo activa los trámites para pedir una compensación por el intento de paralizar la venta de las torres de Repsol en Málaga

Aunque esta petición es un mero trámite ya que el colectivo ciudadano que lleva seis años reclamando que la parcela se destine íntegramente a un gran parque no ha recurrido la resolución judicial, el Consistorio quiere que sea firme para lanzar un mensaje de tranquilidad a los inversores que han pujado por estas parcelas. Pero también para activar los trámites para pedir una compensación económica por el intento de la plataforma de paralizar el procedimiento, ya que en el auto de septiembre se le condenaba a hacer frente a las costas del proceso. ¿A cuánto ascendería? Aunque desde el Ayuntamiento no aportan cifras, los cálculos de Urbanismo para elaborar ese documento de costas apuntan a una cuantía más que considerable que se situaría muy por encima de los 21.500 euros que Bosque Urbano consiguió recaudar en la campaña de 'crowdfunding' para poder costear su batalla en los tribunales.

En este sentido, la cifra que se tiene en cuenta para valorar ese impacto económico son los 43,7 millones (53 si se incluye el IVA) por los que las cinco parcelas de titularidad municipal salieron a concurso: tres torres de 28, 30 y 32 plantas (hay una cuarta de 34 que pertenece a la Sareb) para viviendas de renta libre y oficinas, y otros dos edificios de cuatro plantas de uso comercial. La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene sobre la mesa tres ofertas que aspiran a hacerse con las cinco parcelas que conforman la subasta (Urbania, Stoneweg y Acciona); y otras dos que optan únicamente a la torre de mayor altura (baja más 32) y que son Single Home y Exxacon.

El auto judicial respecto a esas cautelares las ha rechazado y ha llegado a advertir que el proyecto de las torres de Repsol permanecerá invariable, tal y como está recogido en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que fue aprobado en 2011, independientemente de que el suelo sea propiedad del Ayuntamiento o de privados que lo adquieran. Así, el auto judicial señala que la «adopción de la medida cautelar no posibilitaría en caso de una eventual sentencia estimatoria el efecto que la asociación demandante anuda a la misma (destinar el ámbito de Repsol a una zona verde), ya que como bien reconoce la propia asociación recurrente los terrenos en cuestión tienen una calificación urbanística de uso residencial libre, terciario y aparcamientos», lo que «permanecerá tanto si las parcelas se encuentran en la esfera de la titularidad municipal como en la esfera de la titularidad privada».

Pese a ello, en Bosque Urbano se mantienen firmes en su idea y recuerdan que el proceso judicial sigue adelante. «Lo que no se ha aceptado son las medidas cautelares, pero el contencioso continúa su curso», remarcan. En este sentido, también recuerdan que durante una reunión en línea mantenida el miércoles con representantes de la Sareb, estos «se mostraron dispuestos a estudiar la posibilidad de permutar los derechos urbanísticos que le corresponden en los terrenos de la antigua Repsol, siempre que reciban una propuesta en este sentido por parte de las autoridades municipales».