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El refrán 'De aquellos polvos vienen estos lodos' bien podría aplicarse a la situación por la que atraviesa la promoción de vivienda protegida en la ... ciudad de Málaga. La desaparición de la VPO del mercado inmobiliario agrava notablemente las actuales dificultades para comprar o alquilar un piso, lo que obliga a miles de malagueños a posponer la salida de las casas de sus padres y condiciona sus proyectos de vida. No obstante, ese vacío de VPO no es nuevo. Empezó hace más de una década, cuando la remontada de la construcción tras la crisis económica de 2008 se olvidó casi por completo de las casas protegidas.
Así lo demuestran las estadísticas de licencias de obras y visados de proyectos recopiladas desde los años 60 por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), una entidad del propio Ayuntamiento que en los últimos años, hasta la jubilación en 2023 del que fuera su director y principal impulsor, Pedro Marín Cots, hizo las veces de 'Pepito Grillo' dentro del propio Consistorio, advirtiendo de las consecuencias que podría traer el devenir de la producción inmobiliaria.
Tras la multitudinaria marcha en la que más de 15.000 malagueños reclamaron que se tomen medidas para facilitar el acceso a una vivienda en Málaga, desempolvar los informes del OMAU supone corroborar que la situación actual del mercado residencial en la capital es la consecuencia lógica de una radical caída de la producción de VPO, que entre 2008 y 2010 todavía suponía casi un 40% de las licencias de obras que se concedían. Sin embargo, desde ese momento, esta tipología de viviendas asequibles cayó en picado hasta el punto de que, en los últimos cuatro años, el único proyecto de VPO que ha visado el Colegio de Arquitectos para la capital es una promoción de 68 pisos realizada por la empresa Surba Desarrollos y Proyectos en la zona de Teatinos.
Este enorme hueco en la promoción de viviendas protegidas, del que ha venido alertando continuamente el Colegio de Arquitectos en los sucesivos balances de visados de proyectos, denota no solo la falta de interés de las empresas promotoras por construir VPO, sino también una ausencia de impulso de las administraciones públicas por suplir la inacción de los privados.
Así se puso de manifiesto el pasado jueves en el encuentro anual de empresarios del sector de la construcción organizado por la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. El tirón de orejas a las administraciones públicas fue claro. «Los promotores llevamos muchos años predicando en el desierto y pidiendo medidas. Las políticas de vivienda y suelo han sido abandonadas de los presupuestos públicos», llegó a afirmar el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado.
La estadística histórica de la VPO en Málaga capital recopilada por el OMAU revela que, entre los años 1960 y 1980, la construcción de vivienda protegida (77.174 hogares) llegó a superar a la de renta libre (70.177). Esa tendencia ya no ha vuelto a repetirse desde entonces, pero son varios los años de la década de los ochenta en los que las licencias de obra para VPO superaron a las de renta libre. Así sucedió también en los años 1994 y 1995, último ejercicio en el que se dio esa circunstancia.
¿Qué ha pasado para la VPO haya ido disminuyendo progresivamente y haya prácticamente desaparecido del mercado inmobiliario en la última década? Algunos promotores como Miguel Rodríguez, responsable del grupo Myramar, lo tienen claro. «Las administraciones cortaron el grifo de las ayudas a fondo perdido que facilitaban que la VPO fuera para la clase media. O se recupera ese apoyo decidido de las instituciones a la VPO, o esto no tendrá solución», sostiene.
Un ejemplo de ese vacío de la VPO durante la última década lo constituyen los 476 pisos protegidos en alquiler que el Ayuntamiento de la capital está construyendo al oeste del campus de Teatinos, unas obras a las que en los últimos días se han sumado los trabajos para levantar otros 530 hogares de alquiler asequible por parte de la promotora Lagoom Living, en unas parcelas cedidas por el Instituto Municipal de la Vivienda. Estos suelos han estado urbanizados y listos para albergar edificios desde el año 2012, sin embargo, el Consistorio no ha podido llevar a cabo la ejecución de los bloques hasta ahora porque, como recuerdan desde el IMV, la Junta de Andalucía cortó las ayudas a la promoción de VPO en ese año 2012 y no volvió a retomarlas hasta 2019, cuando el PP relevó al PSOE en el Gobierno regional.
En ese tiempo, el equipo de gobierno municipal intentó por todos los medios conseguir otra financiación alternativa para levantar este nuevo barrio de VPO, y logró un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que finalmente se ha visto completado con fondos europeos canalizados por la Junta y el Gobierno central. No obstante, se han perdido 12 años en los que se podría haber avanzado en la ejecución de un millar de VPO que ya podrían estar habitadas.
Lo mismo puede decirse de la política en materia de vivienda desarrollada por la administración regional en la última década, con gobiernos del PSOE y del PP. Con suelos para más de trescientas VPO en el Centro de Málaga y su entorno, la última promoción que ejecutó la Junta en la capital fue un proyecto de 14 pisos realizado en el número 98 de la calle Trinidad en 2013. Desde entonces, ni un solo ladrillo, si bien ha dejado en manos de privados (también la sociedad Lagoom Living, tras la que se encuentran inversores suecos) la construcción de sendos proyectos de 84 y 57 viviendas protegidas de alquiler en las calles Lagunillas y Gigantes, respectivamente.
Y si se analiza el comportamiento en la materia del Gobierno central, resulta llamativo que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) acumule un retraso de 15 años en el desarrollo de los suelos de Buenavista, al oeste del espacio de la fábrica de Amoniaco, para promover 1.362 pisos protegidos en unos terrenos de 27,24 hectáreas que todavía están sin urbanizar. Tras un intento fallido en 2022, SEPES contrató en septiembre del año pasado la redacción de un nuevo proyecto de urbanización de este enclave, que incluye la realización de un puente sobre la autovía del Guadalhorce para conectar estos suelos con los que albergan la construcción de las VPO municipales al oeste de la Universidad.
Sin embargo, ese proyecto residencial, que llegó a vincularse con el desarrollo de la fallida Expo 2027, no ha sido todavía aprobado para que pueda contratarse su ejecución, por lo que quedan años para que puedan materializarse esas más de 1.300 VPO que también podrían haber estado listas desde hace varios años, ya que en 2011 llegó a redactarse un primer diseño de urbanización que no llegó a iniciarse.
Como responsable del visado de los proyectos de vivienda que se construyen en la provincia de Málaga, el Colegio de Arquitectos ha venido advirtiendo en los últimos años de la sequía de VPO que observaba en sus estadísticas anuales. Sin embargo, al igual que afirman los promotores, se ha sentido como un predicador en el desierto, ahora que se ven las consecuencias de sus alertas. Su actual decana, Susana Gómez de Lara, considera que, en la actual tesitura del mercado inmobiliario, «el problema no se va a solucionar a corto plazo», pero anima a las administraciones públicas a adoptar medidas «valientes y urgentes» para dar una respuesta rápida, pero «sin perder la visión de futuro».
Según Gómez de Lara, otras comunidades autónomas y otros países europeos están padeciendo un problema similar y han tomado ya algunas decisiones que podrían servir como inspiración. «La reconversión de los edificios de oficinas en viviendas e impulsar la rehabilitación pueden ayudar a dar una respuesta a corto plazo, pero también hace falta una visión de futuro para que el problema no crezca todavía más», ha apuntado la decana de los arquitectos malagueños.
En ese sentido, ha recordado que muchos municipios de la provincia tienen «obsoletos» sus planes urbanísticos, y que de poco ha servido la reserva del 30% para VPO en los nuevos desarrollos, porque no se planteó que se penalizara su no ejecución. «Las causas de esta situación están claras, así que habría que apostar por un pacto público-privado en el que las administraciones faciliten suelo, se incrementen los precios de la VPO para que sean atractivas a los empresarios y el sector financiero ponga facilidades», ha argumentado Gómez de Lara.
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