El nuevo contrato de bicis y patinetes en Málaga, bloqueado por revelación de secreto

El origen del conflicto está en un artículo publicitario en el que la sociedad Mala-GO (formada por firmas con experiencia en el sector como Ceedima, Voi, Superpedestrian y Ridemovi) se apuntaba a que entre las mejoras incluidas en su propuesta figuraba un descuento de más del 50% a residentes en Málaga, lo que otorgaría 30 puntos extra en la valoración. «La existencia de competencia entre las distintas operadoras integradas en Mala-GO asegura precios competitivos de sus servicios y aleja cualquier posible riesgo de monopolio. Todo ello bajo una propuesta de tarifas preferentes para los malagueños, que podrán disfrutar de un descuento de más del 50%», se afirmaba en el contenido que se hizo público unos días después de que expirara el plazo de presentación de ofertas.

Teniendo en cuenta que precisamente la rebaja que se haga a los malagueños es uno de los factores de mayor peso a la hora de encargar el contrato (5 puntos si es inferior al 10%; 10 hasta el 20%; 15 hasta el 30%; 20 hasta el 40%; 25 hasta el 50%; y 30 si es superior al 50%), otra de las empresas aspirantes presentó un recurso al considerar que al desvelarse parte de la oferta económica se puede ver condicionada la imparcialidad de los técnicos municipales que deben valorar cada propuesta para adjudicar el contrato.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha informado al resto de empresas para que presenten alegaciones antes de adoptar una decisión. Fuentes del sector apuntan a que esta circunstancia «complica muchísimo» el devenir de la licitación, ya que en función de cómo se resuelvan los recursos por la vía administrativa es probable que los demandantes den el salto a la vía judicial. El concejal de Movilidad, José del Río, reconoce que esta incidencia «va a dilatar toda la tramitación». Desde otras operadoras de micromovilidad son más explícitos al asegurar que «va para largo».

La principal característica de este contrato que salió a concurso a finales de junio es que, a cambio de un canon muy económico (de poco más de 64.000 euros al año) la empresa adjudicataria puede ofrecer hasta el 51% en la tarifa a todos los ciudadanos empadronados en la capital malagueña. De este modo, según los cálculos municipales, un malagueño podrá disponer del uso de una bici eléctrica y un vehículo de movilidad personal (VMP) por entre 12 y 15 euros al mes.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, aunque con la posibilidad de ser prorrogado de forma anual por otros tres más. Además, la concesión también contempla una ampliación de la red de estacionamientos, de forma que de los 29 puntos habilitados actualmente se llegará al medio centenar. Más aparcamientos, y también mejor repartidos ya que se dará cobertura a todos los distritos de la capital y se ubicarán cerca de paradas de autobuses y del metro para fomentar la intermodalidad.

La empresa que resulte adjudicataria también deberá contar con un servicio de asistencia urgente, para evitar las demoras en recogerlo cuando un usuario lo aparque mal; así como un seguro de 1,5 millones de euros de responsabilidad civil, y de hasta 30.000 para daños en el conductor. También se puntuará en la licitación el empleo de vehículos sostenibles para toda la operativa de despliegue y repliegue de las unidades, entre otras cuestiones de responsabilidad medioambiental.