La promesa del alcalde de rebajar la plusvalía por herencia en Málaga lleva dos años en el cajón

De hecho, ni siquiera se ha contemplado su puesta en marcha ahora que la ordenanza municipal está siendo modificada para incorporar precisamente la esperada reforma del impuesto que aprobó el Gobierno central el pasado mes de noviembre para esquivar la suspensión del tributo ordenada por el Tribunal Constitucional y así evitar un agujero en las arcas locales de todo el país y que, en el caso de la capital, se estimaba en unos 55 millones de euros. Finalmente, con el decreto estatal rondará los 15 millones anuales, así que en el Área de Economía siguen con el freno echado. No en vano, la plusvalía por herencia aporta al Consistorio unos 19 millones cada año.

«No es fácil, díganme de dónde quitamos dinero, ¿de Cultura, de Deportes,…?», apuntaba el alcalde el pasado martes durante el debate sobre el estado de la Ciudad tras recordarle el asunto tanto su socia de gobierno, Noelia Losada (Cs), como el portavoz socialista, Daniel Pérez. En este sentido, Francisco de la Torre sólo contempló la posibilidad de avanzar en esta línea en el supuesto de que el Gobierno central compense a los ayuntamientos por la caída de ingresos que conlleva la reciente reforma del impuesto. «Si se consiguiera, podríamos pensar qué hacer con las plusvalías por herencia», afirmó.

Si, como ha avanzado este periódico, en el borrador de la ordenanza se omiten las opciones que el Estado ofrece a los ayuntamientos para rebajar la cuota del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que hay que abonar cada vez que se vende o hereda un inmueble, tampoco se ha aprovechado este trámite administrativo para activar la prometida reducción gradual en los supuestos de 'mortis causa'; es decir, cuando se hereda la propiedad de un fallecido.

La rebaja que consensuaron PP y Cs para dar respuesta a la presión política y social contra este impuesto consistía en una reducción progresiva de la cuota final de un 12,5% cada año con el objetivo de que la bonificación a todos los herederos (sin distinción entre familiares directos y otros grados de consanguinidad) alcanzara el máximo legal del 95% en un plazo de ocho años independientemente de si convivían o no con el fallecido.

A día de hoy, para acceder a esta bonificación en Málaga capital se debe haber compartido techo con el fallecido durante los dos últimos años, un requisito que sólo cumple uno de cada diez declarantes. Y, además, está sujeta al valor catastral, lo que a su vez también restringe el acceso al mayor descuento posible.

La medida que continúa en la nevera contemplaba dos escenarios en función de si el adquirente compartía o no techo con el causante. En el primer supuesto, la obligatoriedad de la convivencia se reducirá de dos a un año (incluyendo también situaciones de hospitalización o ingreso en centro asistencial) para que el recibo se quede en el mínimo del 5% que establece la Ley de Haciendas Locales. Y, además, se concedería la bonificación más alta a todos los inmuebles con independencia de su valor catastral, a diferencia de lo que ocurre ahora, que sólo se aplica cuando ese valor es inferior a los 100.000 euros y a partir de esa cuantía va descendiendo hasta el 25% para viviendas de más de 250.000 euros.

Si, por el contrario, no se puede acreditar esa convivencia, que es lo que sucede en Málaga a nueve de cada diez declarantes, se establecería una rebaja progresiva del 12,5% anual durante ocho ejercicios consecutivos hasta dejar prácticamente en nada este tributo. En el primer año, este descuento se aplicaría siempre que los ingresos totales de la persona beneficiaria no superaran en 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, para rentas inferiores a los 20.265,7 euros anuales si se aplicara en 2022. A partir de siguiente ejercicio, se otorgaría a todas las liquidaciones 'mortis causa' sin condicionantes económicos.

En resumen, en el supuesto de un hijo que herede el inmueble de sus padres fallecidos en el primer año de vigencia del futuro cambio normativo, si convivía en la residencia familiar abonaría sólo el 5% de la cuota, mientras en caso contrario pagaría el 87,5%. Según las estimaciones municipales, la reducción del requisito de la convivencia a un año beneficiaría cada ejercicio a unas 2.500 familias (ahora son 1.900, el 13% del total), mientras otras 12.500 verían rebajada la cuota.