Málaga ralentiza la venta de las torres de Repsol ante la incertidumbre judicial

Aunque el proceso sigue adelante una vez que el juzgado desestimó a comienzos de septiembre la suspensión cautelar de la subasta que reclamaba la plataforma ciudadana Bosque Urbano, lo cierto es que el recurso judicial sigue abierto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga. Y, mientras tanto, continúa la incertidumbre entre las cinco empresas y fondos de inversión que pujaron por estas parcelas que salieron a la venta por un total de 43,7 millones de euros (sin IVA). De hecho, todas expresaron sus dudas cuando el pasado mes de julio, tras frenar la valoración de las propuestas técnicas y la selección de los ganadores, la Gerencia Municipal de Urbanismo les preguntó si estaban dispuestas a seguir adelante.

Los tres grandes grupos que optan a las cinco parcelas (Acciona, Urbania y Stoneweg) mostraron su interés en continuar, pero con garantías de que su inversión no se vería comprometida por el litigio. Mientras las otras dos firmas que pujaron únicamente por la torre más alta (Seabreeze y Single Home) apuntaban a la posibilidad de retirarse del concurso, según consta en el acta de la reunión de la mesa de contratación celebrada el pasado 20 de septiembre.

La decisión judicial de no frenar la licitación supuso un balón de oxígeno para el Ayuntamiento. Y más aún la imposición de las costas a Bosque Urbano, que según los cálculos de Urbanismo (la decisión está en manos del juez) alcanzarían los 223.554 euros. A la espera de lo que determinen los tribunales, y del paso que dé la plataforma sobre seguir adelante con el recurso judicial, en el Consistorio han optado por ganar tiempo. ¿Cómo? Dándole un nuevo plazo de 15 días hábiles a los licitadores para que se pronuncien otra vez, pero dando por sentado que deben hacerlo «de forma clara y sin condicionantes»; es decir, asumiendo el riesgo.

Así se acordó en la mesa de contratación del pasado 20 de septiembre, pero desde entonces el único movimiento registrado ha consistido en publicar este jueves el acta de aquella sesión. De hecho, a día de hoy tampoco se ha puesto fecha a la reunión del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo en la que deberá aprobarse la apertura de ese plazo de 15 días hábiles.

En esa sesión de hace mes y medio, además de desestimarse las alegaciones presentadas por los distintos licitadores, también se dio cuenta de un informe del Servicio de Patrimonio Municipal en el que se dejaba claro que el alcance de las consecuencias que para los aspirantes puedan derivarse ante una eventual estimación del recurso judicial «es imposible determinarlas» y, sobre todo, remarcaba que «los licitadores que decidan continuar en el procedimiento de adjudicación lo deben hacer sin condicionantes y asumiendo el riesgo de su resultado, no teniendo derecho a indemnización alguna si se llegase a producir cualquier lesión a causa del litigio». Con este mensaje, ahora queda por ver qué hacen las empresas con sus ofertas.