Málaga, tenemos un problema

Miles de personas se manifestaron ayer por las calles del centro de Málaga para llamar la atención sobre las dificultades, cada vez mayores y más graves, para el acceso a la vivienda, un derecho garantizado por la propia Constitución. El perfil de las personas que decidieron echarse a la calle el sábado por la mañana era muy diverso, con muchos jóvenes y mayores, con padres y madres acompañados por sus hijos y, sobre todo, por vecinos preocupados, muy preocupados. Los precios para la compra están por las nubes y los precios de los alquileres, inaccesibles para la mayoría. No cabe duda, Málaga tiene un problema, un problema muy grande que sólo se puede solucionar si todas las administraciones se ponen, conjuntamente, manos a la obra.

Y la solución no es fácil y sería un error pensar en medidas sencillas o por impulso para un problema tan complejo. Hay un compendio de razones que nos han llevado hasta aquí: el ritmo de construcción de viviendas protegidas es muy lento, la ley de vivienda y de alquileres asusta a los arrendadores, la ciudad se ha convertido en un destino para miles de residentes extranjeros con recursos para comprar viviendas a altos precios, desplazando así a posibles compradores locales, y la demanda de alquileres turísticos es cada vez mayor. Y todo ello en un contexto de salarios bajos cuando no precarios.

No hay una única solución ni mucho menos un único culpable. Hay que asumir, por doloroso que sea, que el modelo de ciudad -similar al de otras grandes capitales de España y del mundo- no es perfecto y, al margen de sus bondades, que son muchas, tiene efectos en el acceso a la vivienda quizá imprevistos hace unos años y que quiebra uno de los pilares de cualquier sociedad: el acceso a una vivienda digna.

Manejar este problema requiere de colaboración institucional pública y privada, responsabilidad política para no utilizarlo como herramienta partidista, legislaciones rápidas y urgentes para agilizar la construcción de viviendas y para regular, con sentido común, los alquileres turísticos -como ya se está haciendo- y favorecer normas que no dejen desprotegidos a los arrendadores y que incentiven los alquileres a largo plazo. Al fin y al cabo, aumentar la oferta de viviendas para satisfacer la demanda. Y todo esto debe hacerse con determinación, con asesoramiento de expertos y sin populismos.