Málaga se garantiza seguir contando de forma provisional con un servicio de alquiler de patinetes y bicis eléctricas a partir del próximo 1 de enero de 2023, fecha en la que expiran las seis autorizaciones vigentes a día de hoy, pese al bloqueo en el que sigue inmerso el concurso ... para adjudicar de manera definitiva la concesión a un único operador por la impugnación de una de las empresas ofertantes. Seis compañías de micromovilidad han presentado la pertinente solicitud en el proceso extraordinario y urgente que se han visto obligados a abrir en el Área de Movilidad para que la capital no se quede sin patinetes.
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Aunque desde el Consistorio se resisten a dar detalles mientras la resolución no sea definitiva ya que antes habrá que comprobar si cumplen los requisitos, todo apunta a que serían las mismas que ya estén presentes en la ciudad (Dott, Voi, Link, Bird, Bolt y Tier). Pero con varias diferencias de calado. Para empezar, en lugar de tener una validez para todo 2023, en esta ocasión el plazo de duración se deja abierto hasta que se produzca la citada concesión demanial.
Además, se reducirá considerablemente el número de vehículos desplegados. Si ahora se permite a cada empresa tener en servicio un máximo de 300 patinetes (suman 1.800), en este nueva autorización se fija un tope global de 1.350 patinetes y 350 bicis. De este modo, cada empresa puede optar por ambos tipos de vehículos, y el número de autorizaciones será equitativo para que todas las solicitantes que cumplan los requisitos cuenten con la misma flota. Así, en el supuesto de que las seis aspirantes se hicieran con el permiso, a cada una le corresponderían 225 patinetes y 58 bicis.
La tercera novedad es que, ahora sí, el Ayuntamiento exigirá a las empresas el pago de una tasa por utilizar la treintena de estacionamientos habilitados para patinetes en la ciudad. Según la ordenanza fiscal que regula la tasa de vados o la reserva de vía pública para estacionamientos, por cada metro lineal o fracción de calzada que alcance la reserva de espacio para líneas de viajeros, para carga y descarga o para otros usos y destinos habría que pagar 44,6 euros al año.
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Los que no cambian son el resto de requisitos que se venían exigiendo hasta ahora, como que las compañías deberán contar con una sede fija en Málaga, un teléfono de atención al cliente operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año, entregar al Ayuntamiento un registro de toda la flota y permitir a la Administración el acceso a los datos de geolocalización de cada vehículo. ¿Para qué? Para que pueda comprobar en tiempo real que cumplen la obligación de ser desactivados en el momento en que se adentren en zonas restringidas como el Centro Histórico o, en el caso de los patinetes, estacionar únicamente en la treintena de puntos habilitados que hay repartidos por la ciudad (las bicis pueden hacerlo en cualquier espacio reservado para este tipo de vehículos en la ciudad).
Con estas autorizaciones provisionales, el Ayuntamiento pretende asegurarse que el servicio de patinetes y bicis seguirá activo en la ciudad a partir del próximo 1 de enero hasta que se formalice el contrato de concesión licitado el pasado mes junio y que a día de hoy sigue en el aire.
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¿Por qué? Pues porque la adjudicación sigue parada a raíz de la denuncia presentada por una de las ocho empresas que optan al contrato por un supuesto caso de revelación de secreto que de momento es administrativa pero que podría acabar en los tribunales. Esa impugnación ha dejado en suspenso la evaluación de las distintas ofertas, ya que ni siquiera se ha procedido a la apertura de los sobres de cada propuesta pese a que el plazo de recepción de ofertas se cerró el pasado 19 de julio.
Tal y como informó este periódico, el origen del conflicto está en un artículo publicitario en el que la sociedad Mala-GO (formada por firmas con experiencia en el sector como Ceedima, Voi, Superpedestrian y Ridemovi) se apuntaba a que entre las mejoras incluidas en su propuesta figuraba un descuento de más del 50% a residentes en Málaga, lo que otorgaría 30 puntos extra en la valoración.
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Teniendo en cuenta que precisamente la rebaja que se haga a los malagueños es uno de los factores de mayor peso a la hora de encargar el contrato (5 puntos si es inferior al 10%; 10 hasta el 20%; 15 hasta el 30%; 20 hasta el 40%; 25 hasta el 50%; y 30 si es superior al 50%), otra de las empresas aspirantes presentó un recurso al considerar que al desvelarse parte de la oferta económica se puede ver condicionada la imparcialidad de los técnicos municipales que deben valorar cada propuesta para adjudicar el contrato.
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