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El Ayuntamiento de Málaga se ha visto obligado a activar un nuevo proceso de autorización provisional a empresas de alquiler de patinetes y bicis eléctricas para que la ciudad no se quede sin este servicio a partir del próximo 1 de enero de 2023. A ... tenor de que el concurso para adjudicar la concesión a un único operador sigue empantanado por la impugnación de una de las empresas ofertantes y conscientes de que el 31 de diciembre expiran las seis autorizaciones transitorias que actualmente permanecen activas, el Área de Movilidad acaba de abrir un nuevo procedimiento para que los operadores puedan mantener sus vehículos.
La fórmula será similar a la actual, aunque con tres matices importantes. El primero, es que en lugar de tener una validez para todo 2023, en esta ocasión el plazo de duración se deja abierto hasta que se produzca la concesión demanial. El segundo tiene que ver con el número de vehículos. Si ahora se permite a cada empresa desplegar un máximo de 300 vehículos de forma que las seis operadoras suman 1.800, en esta nueva resolución se fija un límite total de 1.350 patinetes y 350 bicis eléctricas. Cada empresa podrá optar por ambos tipos de vehículos, y el número de autorizaciones será equitativo para que todas las solicitantes que cumplan los requisitos cuenten con la misma flota.
Y el tercero, es que se exigirá a las empresas el pago de una tasa por hacer uso de la treintena de estacionamientos habilitados para patinetes en la ciudad. Según la ordenanza fiscal que regula la tasa de vados o la reserva de vía pública para estacionamientos, por cada metro lineal o fracción de calzada que alcance la reserva de espacio para líneas de viajeros, para carga y descarga o para otros usos y destinos habría que pagar 44,6 euros al año. Las empresas tienen hasta el 11 de diciembre para presentar su solicitud.
¿Cuáles son esos requisitos? Al margen de los ya citados, los mismos que ya se venían exigiendo hasta ahora, como que las compañías deberán contar con una sede fija en Málaga, un teléfono de atención al cliente operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año, entregar al Ayuntamiento un registro de toda la flota y permitir a la Administración el acceso a los datos de geolocalización de cada vehículo. ¿Para qué? Para que pueda comprobar en tiempo real que cumplen la obligación de ser desactivados en el momento en que se adentren en zonas restringidas como el Centro Histórico o, en el caso de los patinetes, estacionar únicamente en la treintena de puntos habilitados que hay repartidos por la ciudad (las bicis pueden hacerlo en cualquier espacio reservado para este tipo de vehículos en la ciudad).
Con estas autorizaciones provisionales, el Ayuntamiento pretende asegurarse que el servicio de patinetes y bicis sigue activo en la ciudad a partir del próximo 1 de enero hasta que se formalice el contrato de concesión licitado el pasado mes junio y que a día de hoy sigue en el aire.
¿Por qué? Pues porque la adjudicación sigue parada a raíz de la denuncia presentada por una de las ocho empresas que optan al contrato por un supuesto caso de revelación de secreto que de momento es administrativa pero que podría acabar en los tribunales. Esa impugnación ha dejado en suspenso la evaluación de las distintas ofertas, ya que ni siquiera se ha procedido a la apertura de los sobres de cada propuesta pese a que el plazo de recepción de ofertas se cerró el pasado 19 de julio.
Tal y como informó este periódico, el origen del conflicto está en un artículo publicitario en el que la sociedad Mala-GO (formada por firmas con experiencia en el sector como Ceedima, Voi, Superpedestrian y Ridemovi) se apuntaba a que entre las mejoras incluidas en su propuesta figuraba un descuento de más del 50% a residentes en Málaga, lo que otorgaría 30 puntos extra en la valoración.
Teniendo en cuenta que precisamente la rebaja que se haga a los malagueños es uno de los factores de mayor peso a la hora de encargar el contrato (5 puntos si es inferior al 10%; 10 hasta el 20%; 15 hasta el 30%; 20 hasta el 40%; 25 hasta el 50%; y 30 si es superior al 50%), otra de las empresas aspirantes presentó un recurso al considerar que al desvelarse parte de la oferta económica se puede ver condicionada la imparcialidad de los técnicos municipales que deben valorar cada propuesta para adjudicar el contrato.
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