Si alguna vez acabara aprobándose de forma definitiva, es decir de forma normativa y sobre los papeles, una tasa turística en Málaga, la misma será de los impuestos que más han manoseado los políticos antes de que vea la luz...si alguna vez lo hace. ... La tasa turística, que se aprueba por enésima vez en el Ayuntamiento de Málaga, es decir instar a la Junta a que la ponga en marcha ya que esta administración local por sí sola no tiene competencias ni herramientas jurídicas, contaba en esta ocasión con la sorpresiva abstención del equipo de gobierno del PP. Se trataba de un requiebro del concejal de Turismo, Jacobo Florido, que intentaba enmendar la moción del grupo socialista, instando tanto a la Junta (como pedía el PSOE) y al Gobierno de España (como quería el PP) para poner en marcha este impuesto, en el que sí estaban de acuerdo tanto el PP, el PSOE y Con Málaga es que redundaría en la calidad de los servicios de la ciudad. La concejala socialista María del Carmen Sánchez no estaba a favor de la enmienda, con lo cual el PP se abstenía, de tal forma que salía adelante por la mínima con los votos a favor del PSOE y Con Málaga (4), la abstención del PP (5) y el voto en contra de Vox (1).
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La diatriba política estaba en que el PSOE exigía que fuera la Junta de Andalucía la que pusiera en marcha la tasa turística, que es la competente, como se ha hecho en otras comunidades españolas tales como Cataluña y Baleares, pero el concejal de Turismo indicaba que la Junta de Andalucía no quería, y que el PP no era un partido caudillista, y que por tanto, debían intentar que hubiera tasa/impuesto turístico aunque lo pusiera en marcha otra administración como era el Gobierno de España, que podía hacerlo modificando la Ley de Haciendas Locales.
Mari Carmen Sánchez hablaba con sorna de las cartas del alcalde Paco de la Torre a los ministros, al que le decía que se equivocaba de puerta porque en realidad a donde tenía que llamar o dirigirse era al presidente de la Junta, Juanma Moreno, o al consejero de Turismo, Arturo Bernal. Explicaba la socialista que con este impuesto Málaga podría recaudar 11 millones de euros al año, «según los últimos datos de pernoctaciones que dio el señor Florido, tres millones en 2024», y le pedía al alcalde solicitar con firmeza a la Junta que se implementara en Málaga.
La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, afirmaba que «la cantinela del alcalde con la tasa turística era de juzgado de guardia» y relataba la de veces que se había aprobado su puesta en marcha en el Ayuntamiento (22 de junio de 2022, 2 de febrero de 2023, 20 marzo de 2024, 16 de mayo de 2024 y 12 de septiembre de 2024), y que en todas las ocasiones, qué casualidad, decía, se instaba a la Junta, que es la administración competente. Criticaba que el PP y Moreno Bonilla se entregaban a la patronal turística mientras pretendían cobrarle por entrar en los museos a los andaluces, y le espetaba a Jacobo Florido que hacían un ejercicio de «trilerismo político» porque al pedírselo al Gobierno sabían de antemano que no era la administración competente.
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Jacobo Florido, en su habitual estilo dialéctico, contestó que «les había pillado con el carrito de los helados al PSOE y Con Málaga» al no querían pedírselo al Gobierno de España (porque lo forman ellos), y fue cuando demandó que se dejaran de «triquiñuelas políticas», que la Junta tendría sus razones para no implementar la tasa turística, pero no explicaba cuáles eran, y que por tanto quería enmendar la moción socialista para instar a las dos administraciones, lo que no consiguió, y por eso se abstenía.
Vox votaba en contra, como viene haciendo, porque entiende que sólo tiene un objetivo impositivo y que no sería justo porque no se cobraría a los turistas que no duermen en la ciudad y sí gravaría a los que pasan la noche y vienen a trabajar, como subrayaba la viceportavoz, Yolanda Gómez. Para Vox también tenía estopa Jacobo Florido, y le decía a Gómez que hablando del «turismo de clases» parecía de izquierdas, «si es que en el fondo lo es. Diga usted conmigo: somos un partido de izquierdas, y ya está, no pasa nada» y arremetía contra el PSOE por no admitir su enmienda. «Quieren polemizar, y este humilde concejal les ha pillado con el carrito de los helados», finalizaba.
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Parecía extraño, pero así era, que el Consejo Sectorial de las Mujeres no tenía un representante de pleno derecho en el Consejo Social de la Ciudad, que es el foro más amplio en que los colectivos sociales y económicos participan, a través de sus opiniones y sugerencias, de las tareas de gobernanza en el Ayuntamiento de Málaga.
Lo reclamaba este lunes la edil socialista, Rosa del Mar Rodríguez, así como una de las participantes del Consejo de los Mujeres Esther Gálvez, quien subrayaba que la primera vez que se pidió la inclusión de las mujeres como colectivo en el Consejo Social de la Ciudad fue en 2012, que se volvió a reclamar en 2016, y como apuntaba Rodríguez habían pasado 13 años sin que nada hubiera cambiado.
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Gálvez subrayó que ya les habían dicho que estaba por modificarse el reglamento del Consejo Social para incluirlas, y como subrayó la concejala de Participación, Mar Torres, se estaba abordando este cambio del reglamento por el cual se hizo una consulta a la ciudadanía.
Rodríguez repasaba la importancia que tiene para la ciudad el Consejo Social, donde están representados sindicatos, entidades bancarias, la UMA, el PTA, así como otros colectivos como Málaga Accesible. «Las mujeres no somos un colectivo, sino el 52% de la población, en concreto 305.000 mujeres", apuntaba.
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Torres enmendó la iniciativa para incluir en el cambio del reglamento que estén representados todos los consejos sectoriales de la ciudad a través de un miembro con derecho a voz y a voto. Unanimidad de todos los partidos incluido Vox, cuyo portavoz Antonio Alcázar, dejaba claro que no iban a votar en contra, pero sacaba a colación el artículo 14 de la Constitución indicando que las feministas hacían valer lo que no existe con «políticas que vienen encaminadas a quebrar la convivencia social». Rodríguez le respondió diciendo que no perdiera más el tiempo, que esta no era una medida inconstitucional, y que el modo de aplicar las políticas afectaba directamente a las mujeres, de tal forma que las paradas de autobuses, por ejemplo, que no estaban iluminadas, no las usaban.
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