El TSJA avala que el Ayuntamiento de Málaga abone 551 euros a cada trabajador de la limpieza viaria

Ahora, el TSJA considera que los trabajadores deben cobrar esos 551,74 euros que quedarían pendientes de la productividad de 2013 (se abona al año siguiente), aunque lejos de quedar resuelto, el asunto seguirá su curso en los juzgados, ya que la cuantía exacta que le corresponderá a cada trabajador deberán resolverlos los distintos juzgados en los que recayeron las 1.400 demandas individuales que se presentaron entonces. De materializarse esta sentencia, la empresa municipal Limasam (heredera de Limasa en julio de 2020) debería sufragar esos 772.400 euros.

Con esta resolución, dictada el pasado 26 de enero y de la que ha informado la Cadena Ser, el TSJA estima de forma parcial los distintos recursos de suplicación presentados por los sindicatos UGT, CGT, UTL, CSIF y SILMA. Los magistrados de la Sala de lo Social del atienden lo relativo a la paga de productividad de 2013 (fuentes del comité de empresa consideran que debería extenderse hasta 2018), pero rechazan la solicitud de aumento salarial a partir de 2013 o el establecimiento de una compensación económica por la no renovación del vestuario en aquellos años. Por ello, en el Ayuntamiento dan por buena la resolución y descartan recurrir ante el Tribunal Supremo. «A la hora de pagar o no, esperaremos a lo que decidan los juzgados respecto a las 1.400 demandas individuales», afirma la concejala responsable del servicio de limpieza, Teresa Porras.

El alto tribunal ya se pronunció en 2017 negando rango de convenio a dicho pacto y exhortando a la empresa a reponer a la plantilla las condiciones de trabajo que tenían antes del mismo. Pero sin llegar a concretar qué derechos debían recuperar y, sobre todo, si tendrían carácter retroactivo, algo que quedó en manos del Juzgado de lo Social número 4 de Málaga, que en febrero de 2021 archivó la petición de ejecución de sentencia a expensas de que se vayan resolviendo las 1.400 demandas individuales que presentaron los trabajadores para tratar de recuperar el dinero perdido durante esos recortes vigentes hasta el 1 de enero de 2016 (congelación salarial, cesta de Navidad, renovación de vestuario o la citada paga de productividad).

En este sentido, la empresa ya abonó a finales de 2018 a cada empleado una media de mil euros (2,8 millones en total) para reponerle el coste de derechos perdidos desde el 1 de enero 2016 (cuando finalizó la vigencia del acuerdo de fin de huelga de diciembre de 2013) hasta entonces.