Un juzgado de Málaga fijará la indemnización del Ayuntamiento a la promotora inicial del hotel de Moneo

No obstante, según ha podido conocer este periódico, esa compensación de 250.000 euros, para la que el consejo de la Gerencia de Urbanismo del pasado jueves ha reservado la correspondiente partida presupuestaria, podría ser mayor. El abogado Juan Ramón Fernández-Canivell, de Consulting de Derecho Urbanístico, que lleva la defensa de Braser, ha aclarado que, al margen del expediente de reclamación patrimonial que tramita Urbanismo, sigue vivo un recurso en uno de los juzgados de lo contencioso administrativo de Málaga, que será la instancia que fijará la cuantía que el Ayuntamiento tendrá que abonar a la promotora inicial del proyecto (hoy en manos de la cadena hotelera H10 Hotels) por los perjuicios que le provocó la demora en su aprobación.

Braser reclama una cuantía de unos 3,5 millones de euros que justifica en los daños económicos que le supuso que el Ayuntamiento no aprobara el proyecto de urbanización para la operación de Hoyo de Esparteros pese a que el expediente contaba con los correspondientes informes técnicos positivos. En ese sentido, según se detalla en esa demanda judicial, a la que ha podido tener acceso este periódico, la promotora considera que el equipo de gobierno tuvo parada esa aprobación desde el 22 de mayo de 2015, cuando el expediente no llegó a ser incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno Local en vísperas de las elecciones municipales de ese año, hasta el 31 de julio de 2018, cuando finalmente fue aprobado después de que una sentencia judicial diera la razón a los privados.

Un episodio clave en esta demora lo constituye el consejo de la Gerencia de Urbanismo celebrado en julio de 2016, en el que los concejales de los grupos de la oposición (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) votaron en contra del proyecto de urbanización de Hoyo de Esparteros pese a que contaba con informes técnicos positivos. En ese sentido, cabe recordar que, según un informe de la Secretaría Municipal en aquel momento, el Ayuntamiento podría exigir a esos ediles que respondan con su patrimonio por la cuantía con la que haya que indemnizar finalmente a la promotora, en función de lo que determine el juzgado.

No obstante, no parece que, al menos en estos momentos, el equipo de gobierno vaya a exigir que respondan con su patrimonio personal por este asunto concejales como el entonces edil de Ciudadanos y hoy no adscrito Juan Cassá, cuyo voto resulta clave para la gobernabilidad del PP en la Casona del Parque.

En la demanda de Braser que ha dado lugar a un proceso judicial que se encuentra en fase de pruebas, se argumenta que la demora de tres años en la aprobación del proyecto de urbanización supuso un daño económico para la promotora porque, en ese tiempo, subieron los costes de la construcción en más de un 30%. Además, se apunta que Braser «se vio forzada a enajenar sus terrenos (inmueble) como consecuencia de la demora en la tramitación y aprobación definitiva del proyecto de urbanización» y que esa venta se llevó a cabo en enero de 2019 por 10,5 millones de euros más IVA, frente a los 12 millones de euros que la promotora había invertido en el proyecto, incluida la compra del suelo.