Los trámites administrativos para levantar el hotel proyectado en el dique de Levante del puerto de Málaga se reactivan. Después de que el pasado julio ... se quedará en punto muerto la aprobación definitiva del cambio del Plan Especial para hacer posible la construcción de esta torre de 27 plantas y 116 metros de altura porque la declaración ambiental ya había caducado (después de cuatro años), la maquinaria se vuelve a poner en marcha. La Autoridad Portuaria ya tiene lista la nueva evaluación ambiental estratégica por la vía simplificada (como la anterior) y la ha remitido a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es la que ahora deberá darle curso ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para que la resuelva. Dado que es una actualización de la aprobada en 2017, se da por hecho que también será favorable.
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Llegados a ese punto, volvería al ámbito municipal para incorporarla al expediente de la citada modificación del Plan Especial del Puerto que deberá ser ratificada primero por el consejo rector de la GMU y posteriormente por el Pleno del Ayuntamiento. Entonces, asumiendo la tesis de Puertos del Estado, será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su entrada en vigor.
Desde la Autoridad Portuaria confirman la entrega del documento en Urbanismo para que, a su vez, lo remita a la Junta. Por parte municipal, aplauden este paso. “Nos parece una noticia fantástica”, ha afirmado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien ha confiado en que el informe favorable de la Junta llegue “lo antes posible, ya que se trata de una actualización”. “En cuanto esté, lo incorporaremos al expediente para su aprobación definitiva”, ha añadido.
Una vez alcanzado este hito, que se espera para los últimos coletazos del año, se pondrá fin a la tramitación municipal y se pondrá rumbo a Madrid, donde Puertos del Estado deberá aprobar la concesión de la parcela para el rascacielos. Además, también será necesaria la intervención del Consejo de Ministros, que es el que debe excepcionar la prohibición que, con carácter genérico, existe para levantar un hotel en suelos portuarios de dominio público, como es el caso del proyecto valorado en 200 millones de euros promovido por el grupo inversor catarí Al Alfia, una sociedad financiera que administra las empresas de la familia real de Catar y que es propietaria de la concesionaria del proyecto Andalusian Hospitality II.
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¿Qué ocurrirá en la capital de España? Desde Puertos del Estado ya han dejado claro que no pondrán trabas siempre y cuando haya consenso entre las administraciones (Junta y Ayuntamiento) y no interfiera en la actividad del recinto portuario. «Si hay consenso interadministrativo, no vamos a poner barreras, porque ya hemos visto que sí hay compatibilidad« entre la torre y la actividad portuaria», aseguraba el presidente de la entidad estatal, Álvaro Rodríguez Dapena, hace apenas una semana durante durante la inauguración de Seatrade Cruise Med en Málaga. «Si se dan esos dos factores, nosotros ya desde el ámbito portuario no entramos» más que en la mera coordinación administrativa, puesto que la promoción corresponde a las entidades local y autonómica.
Otra cuestión es lo que tenga que decir el Gobierno central a través del Consejo de Ministros, aunque recientemente hubo gestos que desde Málaga invitan al optimismo, como el archivo del expediente de expolio del Ministerio de Cultura (que era el más reacio) por las dudas sobre el posible impacto a un Bien Interés Cultural como es el Centro Histórico.
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En este sentido, también cabe recordar la visita que el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, realizó el pasado mes de mayo a España en la que se reunión tanto con el Rey Felipe VI como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una extensa y cuantiosa cartera de inversiones bajo el brazo, entre las que figuraba la Torre del Puerto.
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