Con Málaga exige en el pleno una comisión de investigación sobre el caso mordidas en Promálaga

Como recordatorio, este periódico publicó una información sobre el escrito del fiscal en el que éste indica que el exdirector financiero se habría reunido supuestamente con un contratista de Promálaga y «tras afirmar que había sido gracias a su intervención y actuación que había conseguido en el pasado contratos con Promálaga, le exigió el pago del 50% del beneficio obtenido en el último contrato firmado con la mencionada sociedad municipal». Sería para dar apariencia de legalidad cuando el acusado, siempre según el Ministerio Fiscal, se habría puesto de acuerdo con su esposa, procuradora, y habrían procedido a confeccionar una factura, «la cual no tenía correspondencia alguna con la realidad por un supuesto trabajo de consultoría» que ésta habría prestado al directivo de la empresa de recursos humanos «y por el cual le solicitaban el pago de 1.223,42 euros a pesar de que el mencionado trabajo nunca se había contratado ni llevado a cabo», según el escrito del Ministerio Fiscal. Este asunto lleva coleando desde 2017. El juicio está señalado para julio de 2025.

«Es muy grave que la Fiscalía pida casi cuatro años de prisión por un delito de cohecho y deberíamos poder acceder a todos los informes», subrayaba Morillas, indicando que la falta de transparencia sobre este caso ha sido absoluta. La portavoz de Con Málaga indicaba que el PP no puede negarse a una comisión de investigación para que se esclarezcan las responsabilidades políticas del caso, y su compañero Nico Sguiglia subraya que el Ayuntamiento de Málaga tiene responsabilidades subsidiarias. «Si se enteraron había connivencia y si no, negligencia», subrayó.

El PSOE se mostró a favor de la comisión de investigación, Vox se abstendrá, aunque considera que debería haber más información sobre este asunto, y De la Torre subraya que, una vez que conocieron el asunto de las mordidas, lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional, que les pidió, indica, que no pusieran en marcha más medidas para que pudieran investigar, y que más tarde el Ayuntamiento de Málaga se presentó de acusación particular. «Se ha actuado de forma impecable», indicó el alcalde de Málaga.

Ampliar

El grupo municipal Vox presenta una moción urgente para que se retire la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga, que se está tramitando en la actualidad por el área de Movilidad porque, como indica su viceportavoz Yolanda Gómez sería una medida «totalmente desproporcionada, injusta, sin base» y que es «contraria al interés general y gravosa para los malagueños», indicó junto a su compañero, el portavoz Antonio Alcázar.

El resto de los grupos indicaron que votarían en contra este jueves en el pleno. El PSOE y Con Málaga les tachan de negacionistas del cambio climático y el alcalde Paco de la Torre lo decía más suave: «Niegan la evidencia». Gómez ponía de ejemplo que los tribunales había echado para atrás la ZBE del Ayuntamiento de Madrid. «Los tribunales nos han dado la razón», indicaba, y argumentaba que mientras Europa emite un 8% de los gases de efecto invernadero, Estados Unidos, China e India son los responsables de más del 50%. «¿Por qué tenemos que pagar la contaminación de esos países mientras ellos quedan impunes», subrayaba Gómez, quien añadía que el Ayuntamiento de Málaga sólo ha realizado tres mediciones para poner en marcha la ZBE, y que «estaban manipuladas porque han sido en la zona de las obras del metro al Hospital Civil» al tiempo que criticó que el Consistorio vaya a recaudar 11 millones de euros de multas con esta medida.