Con Málaga estudia los reparos del interventor

Este punto de partida, que supone doblar el número de reparos del interventor general del Ayuntamiento, Fermín Vallecillo, es lo que les ha llevado a hacer una revisión de las facturas, de las que algunas estudian llevarlas para mayor fiscalización al Tribunal de Cuentas. «Es que no se puede tener una falta de previsión de 44 millones de euros, que no están presupuestados, que no estaban previamente licitados, que no cuentan con consignación presupuestaria, que no tienen licitación o una contratación previa. Se trata de gastos realizados sin seguir todas las garantías que exige la ley en materia de gasto público y aunque los reparos han sido levantados por el alcalde nos preocupa que año tras año se incrementen estas partidas irregulares», explicaba Morillas dando cuenta del listado de facturas, que en mano y vistos es tan extenso como que ocupa 19 folios con asientos contables milimétricos. Para verlos, no hay otra que sacarlos en A3, y en algunos casos llevar la lupa en la mano. 863 facturas comprimidas en celdas ínfimas.

Hay un área, el de Derechos Sociales, en el que hacen una salvedad, teniendo en cuenta que hay factores que han podido contribuir a que se produzcan esas facturas como el incremento de la luz y los suministros, prestaciones sociales justificadas de urgencia, que entienden perfectamente y que apoyan, como han hecho valer otras ocasiones en los plenos, «esto sí que es un gasto sobrevenido, pero hay otros que se repiten año tras año sin consignación presupuestaria y hay que acabar con estas prácticas», que añade la portavoz de Con Málaga. Del monto total de los 44 millones, este grupo municipal exime los 23,1 millones, una vez sumada todas estas facturas, que depende del área Derechos Sociales, en donde añaden que han ido llegando partidas presupuestarias del escudo social del Gobierno y ayudas de la Junta para la ayuda al domicilio, al alquiler, la puerta única o ayudas de emergencia, que así lo justifican. «Aquí no ponemos ningún tipo de objeción», subrayan.

Lo que sí les preocupa que un año tras otro se han realizado gastos sin tener un contrato previo o una licitación es en el jardín botánico histórico de La Concepción, donde el interventor general, Fermín Vallecillo, hace valer en su informe, que ha pasado por el pleno, que hay 12 contratos de 6.024 euros, del servicio de gestión de visitas, sin expediente ni contratación previa. Otra factura de 72.977 euros, que tampoco tiene un expediente previo. «El hecho de que se produzcan varios ejercicios seguidos nos indica que no es un imprevisto, es algo que se hace sin presupuesto previo. No se ha abierto un expediente de contratación y se les ha pagado un dinero. Lo hacen incluso a sabiendas de que lo hacen mal, y se repite desde el año anterior», subraya Morillas.

Han puesto el foco en varios contratos del servicio de limpieza y aseos, dos contratos por valor de 1.725 euros en oficinas municipales, así como otros tres de 3.500 euros aproximadamente, también en oficinas municipales, de los que pedirán cuentas porque «no hay programación de la contratación y existe fraccionamiento del contrato», subraya la portavoz de Con Málaga.

De Fitur, de suministro de construcción para el stand promocional se incluye en el informe una factura de 106.000 euros también sin consignación presupuestaria, según indica el interventor general. Y entre todo este maremágnum de facturas, les llama la atención las 200, que no son por grandes importes en su mayoría, de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal Ruiz Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales para pago de cuestiones que son del funcionamiento normal, que debían estar presupuestadas previamente y que no lo están y que el interventor reseña como «sin expediente de contratación o sin consignación presupuestaria», que son de wifi, internet, mantenimiento de la ADSL, suministro tóner, servicio de interpretación, servicio de gestión de colecciones de la Agencia, seguro para exposición y obras de arte, servicio de mantenimiento y reparación de montajes o servicios de maquetación, entre otros, que debieran tener su expediente de contratación, como subraya Intervención General del Ayuntamiento.

Del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Morillas también saca a relucir una serie de ayudas directas a la rehabilitación de edificios por valor de 135.000, 133.000, 169.000, 139.000 y 179.000 euros, es decir 755.000 euros entre las cinco, en las que la Intervención General especifica «que no se justifican las razones de interés público, social, económico o humanitario».

Con estos datos sobre la mesa, y el estudio previo de las facturas que Intervención General ha reparado porque no están justificados los gastos, Con Málaga valora si llevarlas al Tribunal de Cuentas para que se vuelvan a fiscalizar. «El dinero público necesita tener una lupa encima, y nosotros queremos que la tenga», subraya Morillas.