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La dirección del colegio San Juan de Dios Hijas de la Caridad, conocido como La Goleta, rechaza en un comunicado que la prohibición de utilizar pañuelo a unas alumnas musulmanas se deba a motivos religiosos. «Estamos profundamente comprometidos con la libertad religiosa y la cuestión planteada no guarda relación alguna con tales derechos y libertades», asegura el equipo directivo en un comunicado dirigido a las familias y publicado en su página web.
Educación lleva unas semanas estudiando el caso de una joven de 14 años que ha denunciado que no le dejan llevar el 'hiyab' o pañuelo musulmán en este colegio, concertado con la Junta. La familia denunció que la hija mayor fue apartada de clase cuando decidió usar el 'hiyab', el pañuelo utilizado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza. Otra hermana menor, de 12 años, también ha decidido usar el pañuelo.
La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes denunció lo que consideran «un caso de islamofobia» y reclamó la intervención de la Delegación de Educación. Se trata de una familia de nacionalidad egipcia, que tiene escolarizadas a dos de sus hijas, de 14 y 12 años, en este colegio religioso. Las jóvenes llevan en este colegio más de un año. La mayor de las hijas comenzó a llevar gorro y bufanda para cubrir su pelo desde mediados de enero. Pero el pasado 21 de febrero la chica decidió quitarse el gorro y ponerse el 'hiyab'. Según denuncia la propia joven en un vídeo difundido por la Asociación Marroquí, el equipo directivo decidió enviarla a la biblioteca y no ha permitido que vuelva a clase. Asimismo, la joven asegura que en estos días ha perdido «clases y exámenes» y que la decisión del colegio es que siga en la biblioteca con el pañuelo hasta final de curso o cambie de centro.
El colegio «se ha limitado a aplicar el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) en cuanto norma de régimen interno que responde a la autonomía organizativa reconocida a todos los centros por las leyes educativas. El respeto a dicha normativa incumbe a toda la comunidad educativa y la dirección del centro debe velar por su cumplimiento en un ejercicio de coherencia, con el propósito de ofrecer a nuestros alumnos los cauces adecuados para su desarrollo integral como personas y ciudadanos responsables, conocedores de sus derechos y de sus obligaciones, responsables de las decisiones que hayan de adoptar en el ejercicio de su libertad», señala el comunicado.
En cuanto a la relación con la familia y la atención educativa a las jóvenes durante estas últimas semanas, la dirección del centro asegura que «en todo momento se ha mantenido un diálogo constante con alumnas y familia afectadas, que solo se ha visto interferido por las actuaciones de personas y entidades que no forman parte de la comunidad educativa. Asimismo, se ha prestado la atención educativa necesaria para evitar cualquier menoscabo académico como consecuencia de la aplicación de la normativa interna del colegio». Las jóvenes aseguraron que no han podido entrar en clase y que durante toda la mañana están en una sala de espera.
Como adelantó SUR, Inspección Educativa ha emitido un informe en el que se respalda la actuación del centro. La delegada de Educación, Mercedes García Paine, descartó que se trate de un problema «religioso» y lo delimita al ámbito organizativo y las normativas de funcionamiento del centro, que la familia conocía en el momento de escolarizar a sus hijas en un colegio religioso.
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