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El Ayuntamiento de Málaga sigue firme en su idea de desarrollar el proyecto residencial previsto desde hace 15 años en los antiguos terrenos de Repsol, que contempla la construcción de cuatro rascacielos de hasta 34 plantas para viviendas de renta libre y oficinas, otras tantas de diez plantas para VPO, zonas comerciales, un hotel y un parque de 65.000 metros cuadrados. De hecho, en el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos) no contemplan otro escenario, rechazando por completo que los 177.548 metros cuadrados de esta finca ubicada entre las avenidas de Juan XXIII y Europa que hasta 2001 albergó una decena de grandes depósitos de hidrocarburos se destine íntegramente a la creación de un gran pulmón verde, tal y como desde hace seis años vienen reclamando la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga (BUM) y los grupos de la oposición (PSOE y Unidas Podemos).
Las razones, más allá de la intención de transformar la zona y crear una nueva centralidad en la ciudad, son fundamentalmente económicas, ya que la renuncia al desarrollo residencial tendría un impacto negativo en las arcas municipales de aproximadamente 106 millones, según las cuentas de la Gerencia Municipal de Urbanismo. ¿De dónde sale esta cifra? Primero, de los 43,7 millones (53 con el IVA) que como mínimo pretende embolsarse el Consistorio por la venta de las cinco parcelas que le pertenecen: tres torres y dos edificios de uso comercial y oficinas.
A este montante habría que sumar las indemnizaciones a los otros dos copropietarios del sector por la pérdida de los derechos edificatorios. Según la tasación de la GMU, a la Sareb (conocida como banco malo) habría que abonarles 33,1 millones por los aprovechamientos de la torre de 34 plantas que son de su propiedad como 'herencia' de la quiebra de la constructora que se hizo con los terrenos. Y otros 8,9 millones a la propietaria del suelo para 400 VPO con el que el Ayuntamiento compensó al grupo inmobiliario Yeregui a cambio de una de las parcelas de Arraijanal que adquirió la ciudad para crear un gran parque y la ciudad deportiva del Málaga. Por ultimo, estarían los 20 millones que costaría la urbanización total del sector como parque.
Con estos números, el consejo rector de la GMU ha aprobado este martes con los votos favorables del equipo de gobierno (se han opuesto tanto PSOE como Unidas Podemos) desestimar el recurso de reposición que la plataforma Bosque Urbano Málaga había presentado contra la salida a subasta de las cinco parcelas del Ayuntamiento.
En sus alegaciones, el colectivo ciudadanos denunciaba, entre otros aspectos, «el perjuicio y fraude» que a su juicio supone la venta de los suelos por un total de 53 millones (IVA incluido) frente a los 70,3 millones en los que estaban tasados cuando en 2012 el Consistorio se hizo con estos derechos como pago en especie del dinero que le debía la promotora original del convenio urbanístico (Comarex).
«Lo que sería un gran daño patrimonial sería tener que renunciar a los ingresos por la venta de estos activos y dedicar todo el sector al bosque urbano para Málaga que ustedes defienden y participan», afirma el informe elaborado por el Servicio de Patrimonio Municipal que sirve de base para rechazar las alegaciones.
Sobre el supuesto «perjuicio y fraude», sostienen que no debe entenderse así porque los precios de mercado actuales son inferiores a los que había entonces. «No puede argumentarse que la valoración aprobada supone un perjuicio y un fraude para el patrimonio municipal. Si esto es así, está claro, que el perjuicio es general para todos los habitantes del país, que han visto mermado su patrimonio inmobiliario, desde el boom inmobiliario de 2.008», remarcan.
La desestimación del recurso de reposición presentado por la plataforma Bosque Urbano Málaga (BUM) contra la venta de las parcelas del Ayuntamiento en los antiguos terrenos de Repsol pone fin a la vía administrativa del expediente, pero no está claro que ésa sea la última palabra. En el colectivo va a poner la documentación en manos de sus asesores jurídicos para valorar si hay base suficiente para llevar el asunto a los tribunales para intentar frenar la enajenación de estos terrenos.
«Tanto Bosque Urbano Málaga como los colectivos que nos apoyan ya acordamos ir hasta las últimas consecuencias con todos los expedientes abiertos sobre los antiguos terrenos, así que no descartamos presentar un recurso contencioso-administrativo», asegura el portavoz de la plataforma, Pedro Francisco Sánchez, quien lamenta «la sordera en la que está instalado el equipo de gobierno, que sigue sin escuchar una demanda ciudadana que cada vez tiene más fuerza y que viene reclamando un gran pulmón verde en esta parcela». En este sentido, asegura que el colectivo «seguirá peleando y acudirá a los tribunales si es necesario, y continuará con el trabajo de divulgación y concienciación que se viene realizando para la sociedad malagueña».
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