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La diligencia con la que el Ayuntamiento de Málaga actúa contra los propietarios de solares y edificios desocupados del Centro de Málaga, para obligarles a construir o rehabilitar mediante la amenaza de la subasta forzosa que permite la ley, contrasta con el retraso que acumula ... el proceso que mantienen el Consistorio y la Junta de Andalucía para dar una solución a los suelos que reservaron hace más de 15 años para el fallido plan de las 'tecnocasas'. Hace ya tres años que ambas administraciones firmaron un acuerdo para enterrar ese plan. En 2019, el alcalde, Francisco de la Torre, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, rubricaron públicamente el pacto para repartirse unas setenta parcelas que se delimitaron para la construcción de viviendas con un espacio vinculado para el teletrabajo. Sin embargo, la realidad es que a ese pacto político tenía que seguir un acuerdo técnico de liquidación del plan que todavía no se ha materializado, lo que bloquea el futuro de un buen número de solares y edificios abandonados del corazón de la ciudad y sus barrios adyacentes.
Según ha podido conocer este periódico, el acuerdo de liquidación de las 'tecnocasas' se demoró, en primer lugar, por los reparos que se pusieron desde la Intervención del Ayuntamiento, para ajustar el convenio a la legalidad, y que finalmente se pudieron resolver. Superada esa fase, el asunto parece enquistado en la falta de sintonía entre el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz, pese a que son del mismo signo político.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda cuestionadas por SUR han explicado que la última comisión entre las dos administraciones para abordar este tema se celebró en septiembre. En ella se analizó el protocolo para liquidar el convenio, en el que se recogen las recomendaciones de la Intervención municipal referidas «a las plusvalías de las transacciones que se produzcan sobre los suelos, a la manera de tramitar esas transmisiones y a la necesidad de una tasación reciente de los solares que ya está hecha», han señalado desde Fomento.
Asimismo, han concretado que el pasado mes de septiembre también se aprobó «incorporar al protocolo algunas modificaciones de carácter técnico». «Sin embargo, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) aún no ha recibido el documento final una vez incorporadas las modificaciones técnicas», han apuntado desde el Gobierno andaluz, que de este modo echa la pelota del bloqueo al Ayuntamiento.
En el lado contrario, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha asegurado que es «falso» que este asunto esté pendiente de algún movimiento por parte del Consistorio. «No hay nada en nuestro tejado, cuando quieran firmar firmaremos, esto está todo cerrado», ha remarcado López, quien también ha aludido a que técnicos de la Junta han pedido en el último momento que se cambien palabras del texto del acuerdo.
Por su parte, desde la Consejería de Fomento han insistido en que «hasta que no se reciba el documento que hay que elevar al consejo rector de la AVRA no será objeto de los oportunos pronunciamientos por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, que aún no han emitido informe al respecto».
En definitiva, un diálogo de sordos que mantiene setenta solares del Centro Histórico y su entorno en desuso frente a otros muchos que sí se ponen en valor para diferentes proyectos por parte de la iniciativa privada.
Desde el Gobierno andaluz aseguran que su voluntad «sigue siendo acelerar al máximo todo el proceso para la liquidación del convenio de 'tecnocasas'», pero esa voluntad no se corresponde con los hechos. Según Fomento, «se ha planteado desde la Agencia al Ayuntamiento la posibilidad de iniciar algunos trámites para las transmisiones» y «poder actuar ya sobre los solares que no van a ser objeto de cambio de titularidad».
El Ayuntamiento y la Junta pactaron en 2019 darle uso a cada uno de los terrenos liberados por caminos distintos y sin dar plazos para ello. El Consistorio se queda con los solares destinados a equipamientos (como el proyecto para recuperar la casa natal de Cánovas del Castillo y el centro de interpretación de la cerámica medieval), vía pública y zonas verdes; y, por su parte, el Gobierno andaluz asume los que estaban destinados a la construcción de viviendas protegidas.
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