El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta mañana la iniciativa popular para llevar a cabo un plan municipal de vivienda presentado días atrás por el alcalde Francisco de la Torre días para construir 8.900 viviendas en los próximos 5 años. El beneplácito de la mayoría de la Corporación a esta moción popular es el primer paso para sacar adelante este proyecto, que deberá tramitarse y aprobarse antes en otros ámbitos y comisiones hasta que llegue, más adelante, el documento final para su aprobación expresa en el pleno. Como explicaba el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, había sido realizado por una consultora muy seria, que ha trabajado en planes de viviendas en otras ciudades andaluzas. Los votos a favor del PP y Ciudadanos, y la abstención de la oposición, posibilitaban la aprobación del punto único popular en el que piden al Gobierno y a la Junta que, en el marco del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027, «se comprometan a construir vivienda pública en Málaga en el marco de sus competencias».
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Mientras que Pomares sacaba pecho del nuevo plan y recordaba las 5.078 viviendas públicas realizadas por Ayuntamiento de Málaga en los últimos años, con una inversión de 500 millones de euros (frente al medio centenar de la Junta, el portavoz socialista Dani Pérez le metía el dedo en el ojo explicando que justamente los últimos diez años sólo se habían realizado 412, cuando en 2014 (periódico en mano) el equipo de gobierno del PP ya reconocía que Málaga necesitaba 13.000 nuevas viviendas de VPO.
Pomares explicaba, además, que también habían comprado 50 viviendas, que costaron 2 millones de euros, o que habían posibilitado el mayor plan social municipal con 1.000 beneficiarios desde 2015, puntualizando que doblaban a Sevilla en el parque público de vivienda, que Málaga es la primera ciudad con más viviendas públicas construidas de Andalucía y la cuarta de España. Por eso afirmaba que el nuevo plan de vivienda, que prevé la construcción de 8.900 pisos, de los que 4.500 serían de régimen libre, y 4.100 protegidas, se iba a hacer porque el mercado inmobiliario sí es capaz de promoverlo.
Tanto la oposición, PSOE y Unidas Podemos, como Ciudadanos hacían hincapié en que el mayor reto que tiene ahora por delante Málaga, «el mayor problema», que subrayaba el portavoz socialista Dani Pérez, era la falta de vivienda de uso habitual en Málaga «por excesiva demanda y altísimo precio», como indicaba la portavoz naranja Noelia Losada. La edil de Unidas Podemos Remedios Ramos ponía el dedo en la llaga diciendo que que el alquiler de una habitación en un piso compartido podía costar en Málaga 417 euros o que en Fuente Olletas, el metro cuadrado de vivienda estaba en 5.000 euros, o que el alquiler en Málaga es donde más había crecido el precio de España, o que una vivienda de VPO podía costar 210.000 euros. Su compañero Nicolás Sguiglia, que intervenía en las iniciativas del PSOE y Unidas Podemos, reiteraba que el Ayuntamiento de Málaga sólo favorecía a los rentistas y a los especuladores, «usted y su inacción (que le decía a De la Torre) han provocado un urbanismo especulativo».
En resumen, de la iniciativa popular salía adelante el visto bueno al plan municipal de vivienda presentado por De la Torre (que deberá desarrollarse) con la apostilla de Losada en sus intervenciones de que «estaba lejos de colmar las necesidades reales de la ciudad, pero el plan al menos es un plan». De la iniciativa socialista salía adelante que las viviendas protegidas no tengan un precio superior a los 150.000 euros y que los planes que impulsen el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y a la Junta sean realistas y ayuden a las familias y a los jóvenes. La iniciativa de Ciudadanos, enmendada por el PSOE, salía adelante por unanimidad, para que se finalice el estudio que se realiza desde el organismo autónomo Gestrisam para bonificar los impuestos municipales, BI e ICIO, a los propietarios que saquen sus pisos al alquiler de larga duración y tengan rentas limitadas.
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