Una promotora de Córdoba acapara suelos para construir 1.168 VPO en Málaga para compradores que no superen los 39.600 euros de ingresos

En concreto, Bucéfalo se hace con seis lotes de parcelas que el Instituto Municipal de la Vivienda sacó a concurso el pasado mes de junio. Las significativas reducciones presentadas por esta empresa de Córdoba, que concurre al concurso en un unión temporal de empresas con las sociedades Malva Gestión Integral de Proyectos y BCNingeniería y Gestión, han provocado que acapare unos suelos por los que también competían otras promotoras con una amplia experiencia en el sector inmobiliario y con una fuerte apuesta por la construcción de VPO, como es el caso de la sociedad de capital sueco Lagoom Living (promotora de 530 pisos protegidos de alquiler al oeste del campus de Teatinos y de otras promociones de VPO en el Centro de la ciudad) y la fundación cordobesa Vimpyca, entre otras.

Habrá que ver ahora si finalmente esta empresa cordobesa, especializada en la gestión de la construcción de viviendas bajo el régimen de cooperativa, es capaz de impulsar por sí sola las casi 1.200 VPO de este concurso. En su página web señala que son «profesionales dedicados al sector inmobiliario con más de 30 años de experiencia» y que tienen «el firme propósito de aportar valor al proceso de promoción en cooperativa» con más de 200 viviendas en promoción. Bucéfalo describe una decena de promociones (nueve en la ciudad de Córdoba y una en Fuengirola) de las que dos son de VPO, en concreto una de 19 y otra de 56 pisos.

En cualquier caso, en las próximas semanas y meses se verá cómo va a ser el desarrollo definitivo de esta apuesta del alcalde, Francisco de la Torre, por dejar en manos de promotores privados las VPO que le correspondería construir al Ayuntamiento en suelos que son de su propiedad y que se encuentran actualmente en pleno proceso de urbanización. En el caso de Distrito Zeta, los trabajos de transformación de este enclave al oeste de la barriada de Intelhorce están ya avanzados, con previsión de culminar a lo largo del año que viene. En Cortijo Merino, comenzaron el pasado mes de abril y la intención de su principal promotora, Neinor Homes, es que acaben en diciembre de 2025.

Según las bases del concurso, todas estas viviendas tendrán unos 70 metros cuadrados de superficie y contarán con garaje y trastero. Eso sí, sus compradores se escogerán por sorteo en el Registro de Demandantes de VPO que gestiona el Ayuntamiento y deberán cumplir una serie de requisitos en cuanto a ingresos para poder optar a estos pisos. Así, en el caso de las 605 viviendas más económicas, los ingresos de los compradores no pueden superar 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que actualmente serían 25.200 euros al año. Para las 249 de régimen general, ese tope salarial se amplía hasta 28.800 euros al año en doce pagas (4 veces el IPREM), y para las 314 de mayor precio sube hasta 39.600 euros al año (5,5 veces el IPREM).

El IMV ha otorgado la mayor puntuación a las empresas que han presentado un menor precio de venta o alquiler para los futuros moradores de las viviendas (el 75% de los puntos iba en función de esa rebaja) y a las que han planteado más medidas para favorecer el bajo consumo de energía de cada edificio (lo que suponía un 25% de los puntos para quedarse con el suelo). Finalmente, las propuestas presentadas por Bucéfalo han barrido en cuanto a puntuación.

No obstante, el Consistorio ha marcado en este concurso unos plazos que obligan a la empresa adjudicataria a no dilatar el inicio de las diferentes construcciones. Así, tiene seis meses para solicitar la licencia de obras desde que se eleve a público el contrato de obtención de los terrenos. Y, desde la obtención de la licencia y la calificación de las VPO, tiene un máximo de 30 meses para construir las viviendas, por lo que no estarían listas al menos hasta finales de 2027. Además, el Ayuntamiento fijó un plazo máximo de seis meses para que se entreguen desde que obtengan los certificados finales de obra y calificación. Los sorteos para adjudicarlas podrían llevarse a cabo una vez que estén en marcha las obras, ya que lo habitual es que se adjudiquen muy pocas entre las listas de seleccionados y suplentes, y tenga que abrirse una venta abierta por orden de llegada.

De igual modo, también se contemplan sanciones. Por cada mes de retraso que la promotora genere respecto a estos plazos, el IMV la penalizará con una multa económica del 0,5% del valor del contrato de cesión del suelo, que se corresponde con el valor del terreno. Además, podrá sancionarla con un 0,1% de esa cantidad económica por cada vez que no permita el acceso de los técnicos municipales a las obras. Y también está contemplada la posibilidad de retirarle la concesión del suelo si el Consistorio observa un incumplimiento reiterado y prolongado de sus compromisos.