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La situación de parálisis en la que está sumida la operación urbanística para los suelos de Repsol, a raíz de los recursos judiciales de la ... plataforma Bosque Urbano, que defiende que todo ese ámbito junto a la avenida de Juan XXIII se destine a un gran parque, y la gestión que de ello está haciendo el equipo de gobierno municipal del PP son para el grupo municipal de Con Málaga un síntoma claro de «trato de favor» hacia la promotora Urbania, que se mantiene por ahora como adjudicataria del concurso que convocó el Ayuntamiento para vender las parcelas para la construcción de tres torres de hasta 32 plantas destinadas principalmente a viviendas (aunque en una también habrá oficinas); y dos edificios de menor altura para usos empresariales y comerciales.
La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha asegurado este martes que el gobierno local «está dando un claro trato de favor a la promotora Urbania, adjudicataria de los terrenos de Repsol, al haber suspendido la obligación de la constructora de depositar un aval de 2,7 millones, a la vez que le rebaja de forma descarada, en hasta 1.176 unidades, las exigencias relativas al número de aparcamientos que tendría que construir en base al convenio urbanístico».
Morillas ha hecho estas valoraciones a raíz de una respuesta a su grupo de la Gerencia de Urbanismo en la que señala que el procedimiento de venta de esos derechos urbanísticos está «suspendido 'ex lege'», porque todavía está en estudio el recurso que presentó Urbania en octubre del año pasado para no dar un paso en falso que les implique asumir una serie de obligaciones de urbanización de los suelos marcadas por la postura municipal de que no se puedan colocar ni un ladrillo hasta que haya una sentencia firme respecto al recurso de Bosque Urbano. «Por ello, no cabe dar por retirada oferta alguna ni proceder a declarar desierto el concurso», insiste Urbanismo en su respuesta.
Para la portavoz adjunta de Con Málaga esto denota una «clara connivencia existente». «Está claro que Urbania no quiere asumir el riesgo económico ante la posibilidad de que la plataforma del Bosque Urbano gane los dos recursos contenciosos presentados y el equipo de gobierno del PP, en lugar de atender a lo que marca la ley, la retuerce para seguir con el modelo de urbanismo a la carta que defiende los intereses privados por encima del interés general de la ciudad», ha argumentado.
Para Morillas, al no haber presentado la promotora el aval económico, el concurso tendría que haber quedado desierto. «Ocho meses más tarde de que Urbania presentara el recurso de reposición hemos tenido acceso a la documentación que confirma que la Gerencia de Urbanismo ha suspendido el procedimiento», ha apuntado la concejal. A juicio de Con Málaga, se ha excedido el plazo de un mes para la contestación del recurso de la promotora y por ello, según lo establecido legalmente, debería entenderse que esa apelación ha sido desestimada.
«Es la primera vez que tenemos conocimiento de que la Gerencia no sólo no ha declarado desierto el concurso, no sólo no se ha actuado como debiera conforme a la ley, sino que ha suspendido el procedimiento. Por tanto, se han congelado las obligaciones de Urbania para pagar, a pesar de que la falta de respuesta al recurso de reposición en el plazo de un mes implica el rechazo automático al mismo por silencio y el concurso debería de haberse declarado desierto», ha explicado Morillas.
«Todo apunta a un pacto secreto, una estrategia compartida entre la Gerencia de Urbanismo y Urbania para dejar en suspenso el procedimiento hasta que se resuelvan los dos contenciosos interpuestos por la plataforma del Bosque Urbano. Estamos, claramente, ante un trato de favor a la empresa Urbania como la copa de un pino. Un trato de favor para rebajarle la exigencia y para eximirle del pago del aval y esto es extraordinariamente grave», ha remarcado.
Asimismo, Con Málaga ha presentado una enmienda al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del pasado 14 de febrero para reducir el número de plazas de aparcamiento de uso privado que deben habilitarse en cada uno de los edificios de viviendas y usos terciarios del proyecto.
Hasta ahora, la normativa contenida en el Plan General de Ordenación Urbanística obligaba a reservar un mínimo de 3.500 plazas de aparcamiento de propiedad privada en los edificios de vivienda libre, protegida y servicios terciarios en base a un estudio de tráfico fechado en el año 2007. Sin embargo, Urbanismo ha revisado esa estimación con un nuevo estudio de circulación y considera que ese número mínimo puede reducirse a 2.274 plazas.
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