Madres coraje piden que las plazas para personas con discapacidad se cumplan en el Ayuntamiento de Málaga

El hecho es que ya la plataforma 'Nosotros también contamos', de madres y hermanas jabatas y de familias que arropa a los suyos, vuelve a la carga para que el Ayuntamiento de Málaga rectifique las bases específicas de la convocatoria de empleo público de 2019. Y pensarán ustedes, ¿2019?, pues sí, en ese año están ahora en el área de Recursos Humanos. Pero lo peor no es eso, sino que cuando se publicó por primera vez la oferta de empleo público se asignaron dos plazas de subalternos con discapacidad intelectual y ahora, en las bases específicas sólo aparece una como por arte de birlibirloque.

Así que, haciendo un esfuerzo enorme porque están poco respaldadas aunque son una veintena, se han armado con la ayuda jurídica de amigos y con el estudio sesudo de las convocatorias, que tiene su aquel entenderlas. Chelo Lozano es la madre de un opositor con discapacidad intelectual de un 51%, María Cobos, de otro estudiante con 65% de discapacidad intelectual y física y María José Ternera, hermana de otro opositor con un 48% de discapacidad intelectual. Todos deben valerse por sí mismos para vivir. Y eso es lo que quiere sus familias. Ya denunciaron en abril que no se había respetado el cupo del 2% de discapacidad intelectual en la oferta de empleo público de 2023, y consiguieron que el Ayuntamiento de Málaga rectificase. Se apoyaron en la ayuda de la concejala socialista Mari Carmen Martín, que viene apoyándoles desde el principio.

Ahora su 'guerra' es 2019, a la que el Ayuntamiento ha unido la oferta de empleo de 2021, y no le salen los números: han pasado de tener dos plazas de subalterno con discapacidad intelectual a sólo contar con una. Por eso, un total de 37 personas han presentado un recurso de reposición, que el Ayuntamiento de Málaga ha denegado indicando que la plaza que les falta la han pasado a estabilización. Pero ellos alegan en este encuentro que el Supremo ya ha fallado sobre este asunto (sentencia 162/2024). El Alto Tribunal indica que en los procesos de estabilización de empleo temporal la reserva legal para personas con discapacidad contemplada en el artículo 59.1 del EBEP debe cumplirse, que dice con exasperación María Cobos, que trae toda la documentación subrayada con colores fluorescentes como si estuviese ella misma haciendo el examen y con post it amarillos para que nadie se quede atrás. Ni su propio hijo.

La labor de madre es incomensurable. Ella lo demuestra cada vez que habla. «El Ayuntamiento de Málaga debe proteger a sus ciudadanos más vulnerables y, sin embargo, los está engañando», indica explicando además que una vez mirado estos procesos «el Ayuntamiento ha mentido porque afirma que la plaza que le falta es de los procesos de estabilización, pero no corresponde con el año 2019, que es el que exigimos, sino de los años 2020, 2021 y 2022. Mentir en un recurso administrativo es una falta muy grave», añade visiblemente enfadada después de haber revisado bien todos los papeles. «No es justo», añade.

Este asunto lo han elevado también al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Esto es en lo que se refiere a las plazas, que ya han venido dos veces mermadas a su juicio. Pero todavía van más allá. «La Diputación de Málaga lo hace mucho mejor que el Ayuntamiento en esta materia, indica el código de cada plaza de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y así no hay problemas ni líos, ni nos mareamos. El no hacerlo es una práctica con la que pretenden dar poca transparencia al proceso y manipular los números», subrayan Chelo Lozano y María José Ternera. Es llamativo que la Diputación viene copiando en muchos asuntos al Ayuntamiento de Málaga y en este caso parece que el gran ayuntamiento de la provincia debería mirar al ente supramunicipal.

La concejala socialista Mari Carmen Martín indica que, además, el Ayuntamiento no está cumpliendo un acuerdo de pleno aprobado por unanimidad. Hay que explicar este punto porque si bien es cierto que el pleno no tiene competencias sobre estas cuestiones, también lo es que si hay unanimidad y el equipo de gobierno del PP vota a favor, por lo menos podía cumplir lo votado. Es lo mínimo.

En la iniciativa socialista, aprobada en el pleno de marzo de 2023, el Ayuntamiento de Málaga se comprometía a facilitar los temarios adaptados y con lectura fácil en las oposiciones a los personas con discapacidad intelectual, que hubiese un enlace directo de fácil acceso para las convocatorias de empleo público, que se les exima de pagar las tasas, que son ridículas, y que se les aplique la ley andaluza. «Prometer cambios y no cumplirlos cuando es para mejorar a un colectivo tan necesitado está muy feo», explica Martín.

Podría parecer que facilitar los temarios adaptados a las personas con discapacidad es una gran tarea a acometer, pero el buen ejemplo lo ponen, precisamente, los ayuntamientos de Talavera de la Reina, Molina del Segura, Ciudad Rodrigo o San Sebastián de los Reyes, que subraya María Cobos. ¿Y si ellos pueden, el Ayuntamiento de Málaga, que es más grande y tiene mejores recursos por qué no? Entre que el área de Recursos Humanos tiene que aprender de la Diputación a la hora de ser más transparente con el código de la plaza a la hora de ofertarla y de estos municipios en facilitar los temarios ya tiene tareas que acometer. Para presumir no vale hacer las cosas como siempre, hay que estar a la vanguardia.