La llegada de dos universidades privadas a Málaga se enreda en la burocracia

Siete meses después de la resolución del concurso, ambos proyectos docentes siguen todavía inmersos en los prolegómenos de su autorización por parte de la Junta de Andalucía, una condición indispensable para que puedan empezar a materializarse. Según ha podido conocer SUR, estas dos universidades iniciaron el proceso para su homologación ante la administración regional, pero no han logrado completar todavía ese expediente para poder operar en la comunidad autónoma.

Para ello, ambos proyectos educativos requieren un pronunciamiento previo estatal que todavía no se ha producido pese a que está solicitado desde hace varios meses. Se trata de un informe preceptivo pero no vinculante de la Conferencia General de Política Universitaria, un órgano colegiado del Ministerio de Universidades que está presidido por su titular, Joan Subirats (anterior número dos de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau), y formado por los responsables de la enseñanza universitaria en los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, así como por cinco miembros designados por la presidencia de la conferencia.

Respecto al análisis de estos dos proyectos universitarios para Málaga, fuentes oficiales del Ministerio de Universidades han explicado a SUR que «ambos expedientes se encuentran aún en el trámite de análisis técnico, un proceso bastante largo». Asimismo, a pesar de las consultas realizadas al respecto, no han sabido precisar cuánto resta todavía a ese proceso de estudio de las dos propuestas educativas, ni cuándo será la próxima reunión de la citada Conferencia General de Política Universitaria.

Así, todo apunta a que todavía queda un amplio margen de tiempo hasta que ambos proyectos de campus para Málaga puedan iniciarse. Hasta que ese órgano estatal no se pronuncie, la Junta de Andalucía no puede seguir adelante con los expedientes para autorizar las dos propuestas, que también tienen que pasar por el dictamen de la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía (DEVA); y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), del que forman parte los rectores de todas las universidades andaluzas.

El Ayuntamiento de Málaga cedió los suelos para la implantación de estas dos universidades privadas en la capital con la condición de que los plazos de uso de los terrenos no empezarían a contar hasta que ambos proyectos educativos contaran con la aprobación de la Junta. Asimismo, el Consistorio acordó dar a estas universidades un plazo máximo de dos años, a contar desde la formalización de la cesión en octubre del año pasado, para que logren que sean homologadas para operar en Andalucía y empiecen a pagar el canon económico por el uso de los suelos.

En el caso de no lograr la aprobación de la administración regional en ese plazo de 24 meses, que expira en octubre del año que viene, el Ayuntamiento podrá resolver el acuerdo con estas universidades para establecerse en Málaga, sin que puedan reclamar indemnización de ninguna clase. No obstante, en las bases que rigieron el concurso para la cesión de estos suelos, se menciona la posibilidad de que se amplíe ese plazo para obtener la luz verde de la Junta de manera motivada, «atendiendo al estado de tramitación ante la administración competente en materia educativa del expediente de reconocimiento como universidad».

La Alfonso X El Sabio ofertó al Ayuntamiento un canon de 60 millones de euros por los 50 años de ocupación de los terrenos al sur del centro de raqueta Inacua, y 2,4 millones de euros en becas a disposición del Consistorio. Por su parte, la Universidad Europea de Madrid se comprometió a abonar un canon total de 67,6 millones de euros y 400.000 euros en becas por el suelo en El Romeral.

Como se ha mencionado anteriormente, la concesión de los terrenos cobrará eficacia cuando la Junta autorice el proyecto educativo de que se trate. Desde ese momento, las universidades tendrán seis meses para presentar un estudio urbanístico que ordene los volúmenes de los edificios a construir en las respectivas parcelas; otros seis meses para solicitar la licencia de obras e igualmente seis meses para iniciarlas una vez que sean autorizadas por la Gerencia de Urbanismo.