La disolución de Limasa, pendiente aún del pago de facturas y de una auditoría

El principal escollo, que era conseguir una salida amistosa con los socios privados, ya quedó resuelto con un acuerdo en el que las empresas agrupadas en la entidad Servicios Urbanos de Málaga (FCC, Urbaser, Sando y Unicaja) recuperarían su paquete accionarial (51% de Limasa) valorado en 3 millones de euros, además de repartirse otros 1,4 del montante que se había ido dejando en el fondo de reserva y del beneficio del primer semestre de 2020. De esta forma se despejaba un camino que se auguraba problemático después de que los privados intentaran frenar incluso en los tribunales la municipalización de la limpieza viaria y que llegaron a reclamar otros 4,4 millones más correspondientes a los siete últimos años en los que los accionistas renunciaron al reparto de dividendos.

Contentos en el equipo de gobierno (PP y Cs) y también por parte privada, aunque en la oposición (PSOE y Adelante Málaga) insisten en exigir a los ya exsocios de Limasa unos tres millones de euros por el canon de asistencia técnica después de que un informe de la Intervención Municipal señalara que no se debían abonar este canon del 2,5% de la facturación anual dentro de la compensación que se contemplaba cada ejercicio para cuadrar las cuentas.

Con el fin de la relación contractual con Seruma, el camino hacia la disolución de la sociedad parecía despejado, pero lo cierto es que todavía quedan cuestiones por resolver que, según la concejala responsable de la limpieza viaria, Teresa Porras, «podría estar terminado en un mes».

Una de ellas tiene que ver con el abono de facturas antiguas y otras que han seguido llegando a la empresa. En un consejo de administración celebrado el pasado día 12 se dio luz verde al pago a distintos proveedores por valor de 140.000 euros, aunque lo que no consiguió el alcalde, Francisco de la Torre, era carta blanca para ir resolviendo futuras facturas y otras cuestiones hasta llegar a la liquidación sin tener que pasar por el consejo. La fórmula consistía en que Porras fuera nombrada consejera delegada, pero los dos grupos de la oposición lo impidieron ya que se necesitaba una mayoría cualificada de dos tercios de los consejeros.

«Si nos tenemos que reunir todos los días para las facturas que haya que pagar, así se hará. Ahora es una empresa pública, así que el control debe ser máximo y exigimos la máxima transparencia», advierte la concejala del PSOE, Begoña Medina, quien afeó al equipo de gobierno que les mandaran «una relación de facturas de 2019, 2020 y 2021 en la que sólo aparecía el nombre de la empresa y el importe, y que además estaban firmadas por personas que tienen responsabilidades en Limasam, pero no en Limasa».

En cuanto a su negativa a que el consejo delegara funciones en Porras, la edil socialista recuerda que ya se le otorgaron en Limasam «con el compromiso de que informaran de todos los pasos, pero no han cumplido ni siquiera para la designación del gerente, que se hizo sin contar con la oposición». En cuanto a la liquidación, Medina confía en que «aparezcan los tres millones que los privados deben al Ayuntamiento por la asistencia técnica».

En la misma línea se expresan en Adelante Málaga. «Los privados se han ido de rositas sin que se les hayan pedido esos tres millones», incide la concejala de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, quien respecto al nombramiento de Porras como consejera delegada también es tajante: «No podemos confiar en ellos porque ya hemos visto lo que está pasando con Limasam». Entendemos que la liquidación de Limasa tiene sus trámites, pero eso no es excusa para que no nos informen».