Limasa intenta retrasar la resolución judicial de los atrasos que debe devolver a la plantilla

Limasa vuelve a intentar dilatar la resolución judicial que determine qué derechos laborales debe restituir a la plantilla en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es firme, en la que se niega rango de convenio a los acuerdos que pusieron fin a la huelga de diciembre de 2013 y se exhorta a la compañía a retrotraer las condiciones laborales de los trabajadores al único convenio vigente, que es el de 2010-2012. En la vista celebrada este martes en el Juzgado de lo Social número 4 con la finalidad de concretar la ejecución de la sentencia, el abogado de Limasa ha solicitado la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el litigio paralelo que sigue vivo en el Juzgado de lo Social 12, que ya se pronunció el pasado octubre en la misma línea pero que fue recurrido por la empresa ante el TSJA.

Pese a la oposición del Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (que fue el que presentó la demanda, aunque no forma parte del comité) como la del resto de fuerzas sindicales del comité (UGT, CGT, UTL, USO, CSIF y CC OO) que se han adherido a la causa, la jueza ha levantado la sesión avanzando que analizará este petición, explicando que en caso de darle la razón a la empresa procedería a suspender el proceso o, en el supuesto contrario, dictará un auto estableciendo los derechos que a nivel genérico deben recuperar los trabajadores en concepto de atrasos por subidas salariales no aplicadas desde 2013 hasta 2018. Eso sí, remarcando que lo hará de forma genérica, para que luego sea cada empleado el que a título individual presente su correspondiente demanda para reclamar las cantidades que le correspondan. El plazo para hacerlo expira el 30 de abril y ya se han preparado varios centenares. Todo ello, justo cuando se han dado por rotas las negociaciones entre Ayuntamiento y comité de empresa para municipalizar el servicio precisamente por las discrepancias a la hora de fijar los citados atrasos.

En este sentido, los conceptos del convenio que están en litigio son la actualización de las tablas salariales, las pagas extras, la paga de productividad y la ayuda de diciembre (equivalente a la cesta de Navidad), así como determinar si cabe compensación por la no renovación del vestuario. La versión que defiende la empresa es que ya ha cumplido con la ejecución de la sentencia mediante el abono el pasado noviembre de una media de mil euros por trabajador. Para ello, el letrado ha intentado incluir como prueba las nóminas, pero ha sido rechazada por la jueza por el mismo motivo: en este procedimiento no se va a entrar en las cuantías individuales que correspondan a cada empleado.

Por su parte, los letrados de los siete sindicatos presentes han coincidido en sus reclamaciones, que se traducen en un incremento del 1,5% en las tablas salariales y las pagas extras desde 2013, ya que el convenio vigente recogía una subida del 2% aunque para desconvocar la huelga de febrero de 2012 se pactó dejarla en un 0,5%. Igualmente, también piden la recuperación íntegra de la paga de productividad, que cifran con 1693,88 euros frente a los 867 que han venido cobrando, además de una compensación económica por la no renovación del vestuario. La empresa alega que en el convenio no figura esta posibilidad, pero los sindicatos plantean que se les abonen los 84,27 euros que se contemplan para el personal de administración, que no lleva uniforme. En total, el montante que exigen superaría los 12.000 euros por trabajador.