Limasa y comité discrepan ahora sobre la retroactividad de los recortes anulados por los jueces

El único convenio colectivo vigente en Limasa es el de 2010-2012, de forma que ninguno de los acuerdos puntuales que se alcanzaron posteriormente para desconvocar varias amenazas de huelga tienen validez hoy en día porque todos tenían fecha de caducidad. Ésa es la conclusión a la que llega la titular del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga en la sentencia notificada el martes a empresa y sindicatos, de forma que ninguno de los recortes aplicados a la plantilla en los últimos años (salario, vacaciones repartidas durante todo el año, dejar de descansar todos los fines de semana o la imposibilidad de trabajar los festivos) debe consolidarse como pretendía Limasa. Hasta ahí, ambas partes coinciden en que a la hora de negociar el nuevo marco laboral debe partirse de las condiciones laborales previas a los recortes. Pero donde sí que hay desacuerdo es a la hora de interpretar si los trabajadores deben recuperar esos derechos perdidos con carácter retroactivo. En los sindicatos entienden que sí. En la empresa, todo lo contrario.

Desde que fue ratificada por el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que insta a la empresa a reponer a la plantilla las condiciones socioeconómicas que tenían antes del acuerdo que desactivó la huelga de 2013, en el comité de empresa vienen manteniendo que la cuantía a reclamar por cada trabajador rondaría los diez mil euros. Ahora, con el nuevo fallo judicial en la mano volverán a hacer números, pero en Limasa entienden que no cabe retroactividad alguna.

Ante esta disparidad de criterios, empresa y sindicatos tienen previsto mantener esta mañana una reunión para tratar de encontrar una salida consensuada que ponga fin de una vez por todas a este litigio que mantienen desde hace años. El encuentro se producirá a instancias de la concejala de Limpieza, Teresa Porras, a quien los representantes sindicales ya han reiterado en varias ocasiones que hasta que no se resuelva esta cuestión no se entrará de lleno en la negociación sobre las condiciones laborales de la plantilla cuando el servicio sea municipalizado. «Una comisión del comité se reunirá con la empresa para ir trasladando la sentencia a euros», avanzaba ayer el comité en una nota informativa dirigida a los trabajadores.

A tenor de esta sentencia, contra la que cabe recurso ante el TSJA aunque de momento en Limasa no se han pronunciado al respecto, los sindicatos consideran que deben recuperar todos los derechos perdidos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano y la cesta de Navidad valorada en 68 euros. En su conjunto, el impacto económico podría rondar los diez millones de euros anuales, sin contar los posibles atrasos que se reclamen.

Como ya informó ayer este periódico, tras analizar la documentación aportada por ambas partes y escuchar los argumentos de unos y otros durante el juicio celebrado el pasado 27 de septiembre, la jueza ha rechazado la tesis de la empresa y entiende que el único convenio vigente a día de hoy es el de 2010-2012. De hecho, ni siquiera ha entrado en el fondo del asunto al considerar que se trata de «cosa juzgada», en referencia a la sentencia del TSJA.

Pero además, también tumba la tesis de la compañía para tratar de mantener la vigencia de los recortes consensuados de forma puntual para desactivar sendas amenazas de huelga en febrero del año 2012 y marzo de 2013. En su pronunciamiento, la jueza incide en que en ambos casos se trataba de «medidas concretas y temporales» para desconvocar sendos conflictos laborales, como lo demuestra el hecho de que esos acuerdos fueron firmados por el comité de huelga, no por el comité de empresa que es el que tiene la potestad para negociar el convenio colectivo.