Limasa aprueba sus cuentas con los únicos votos del PP y la parte privada

El voto mayoritario de los socios privados de Limasa y del equipo de gobierno del PP han permitido sacar adelante las cuentas anuales de la empresa mixta de limpieza del año 2018, pese al rechazo de todo el bloque de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) y la abstención de Ciudadanos. Los hasta hace unas semanas socios de investidura del alcalde han actuado como ya hicieron en 2017, aunque lo han hecho delegando su voto en el PSOE ante la ausencia de Juan Cassá, que sigue de permiso de paternidad. En el consejo de administración celebrado este mediodía, los grupos de la oposición han puesto el acento, como viene siendo habitual, en el desembolso económico que supone para las arcas municipales el servicio de Limasa, ya que al margen de los 77,8 millones facturados por la limpieza viaria, recogida de residuos y su posterior tratamiento, el Ayuntamiento tuvo que aportar 13 millones para cubrir el déficit y cumplir la polémica cláusula por la que la sociedad mixta está obligada a cerrar cada ejercicio con un beneficio antes de impuestos del 2%.

Como ha venido informando este periódico en los últimos días, este aporte económico que sale cada ejercicio de las arcas púbicas ha supuesto un sobrecoste de 25,6 millones de euros en los dos años de prórroga del contrato (expiraba en abril de 2017) y un total de 117 desde que en 2004 se firmó el acuerdo con los socios privados (FCC y Urbaser, y en menor medida Sando y Unicaja) en el que, a cambio de asumir el control de la empresa de limpieza, el Consistorio les compensaba por nuevos trabajos encomendados que no figuraban en el contrato y por las subidas salariales por encima del IPC que en los años de bonanza fue aprobando el gobierno de Francisco de la Torre. Aunque el propio alcalde justifica esta compensación en que Limasa hace ahora «más y mejores servicios», desde la oposición han vuelto a criticar su gestión al frente del servicio de limpieza. «Si malo fue el contrato de concesión de 2001, estos dos años de prórroga están siendo nefastos», ha denunciado el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien ha destacado que «el problema de Limasa no son sus trabajadores, sino un contrato que asegura grandes beneficios para los privados tanto si se gestiona bien como si se gestiona mal».

Si la compensación económica ha sido criticada por los grupos de la oposición, más aún el controvertido canon de asistencia técnica, un concepto que bajo el paraguas de la prestación de asesoramiento jurídico, informático y legal le reporta cada año a la parte privada el 2,5% de la facturación. En 2018 ingresaron por esta vía 2,26 millones, que se suman a los 30,8 que se llevan abonados desde el inicio de la concesión en abril de 2001.

En este sentido, cabe recordar que la Agencia Tributaria ya constató que Limasa gasta dinero en la contratación de asesores jurídicos, tributarios y técnicos para la realización de unos servicios que deberían acometerse con cargo a este polémico canon. «Consideramos impresentable que los privados le sigan facturando la asistencia técnica sin justificar qué servicios han prestado», ha criticado la concejala socialista Begoña Medina, quien también ha advertido sobre la «grave desobediencia hacia el informe del interventor que supone aplicarle el 2,5% de la asistencia técnica a la compensación económica, lo que supone otros 300.000 euros».