Limasa abonará mil euros en atrasos a su plantilla la próxima semana, lejos de los diez mil que piden

Limasa y sindicatos siguen sin acercar posturas a la hora de ponerle números a los atrasos que deben percibir los 1.800 trabajadores de la empresa de limpieza como consecuencia de las dos sentencias judiciales (una del TSJA, que ya es firme, y otra del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga que ha sido recurrida por la entidad) que dictaminan que el único convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes. Ambos fallos judiciales tumban las pretensiones de la entidad de consolidar los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis (salario, vacaciones repartidas durante todo el año, dejar de descansar todos los fines de semana o la imposibilidad de trabajar los festivos) que fueron pactados entre 2012 y 2013 para desconvocar hasta tres convocatorias de huelga.

Como consecuencia de ello, los representantes de los trabajadores consideran que cada empleado debe percibir en torno a diez mil euros, muy lejos de los mil que, de media, entienden en la empresa. Una cuantía que, al margen de la deriva que puedan tomar las conversaciones que se vienen manteniendo (la semana pasada, con la presencia de la concejala Teresa Porras), Limasa tiene previsto abonar la próxima semana.

A ojos de la compañía, con este pago de 2,8 millones se pondría al día con los trabajadores aplicando una actualización de la paga de productividad del periodo 2014-2017 a razón de 867 euros por anualidad, pero descontando 637 anticipados en 2016 y 2017. Del mismo modo, se incluyen tres pagos de 276 euros por la paga de septiembre de los ejercicios 2015, 2016 y 2017; además de los 68 euros de la ayuda de diciembre (equivalente a la cesta de Navidad) de los últimos cuatro años. Descontado el IRPF, unos mil euros.

Una interpretación de la sentencia que se queda a años luz de la que hacen los sindicatos. En materia salarial, reclaman una subida del 1,5% a aplicar desde 2013, ya que el convenio recogía un incremento del 2% aunque para desconvocar la huelga en febrero de 2012 se pactó dejarlo en un 0,5%. Igualmente, también piden la recuperación íntegra de la paga de productividad (han venido cobrando una parte). En total, el montante que exigen rondaría los diez mil euros por trabajador sólo en estos conceptos. Pero hay más, ya que también entienden que la empresa debe compensar a la plantilla por el ahorro obtenido en los últimos años por otras modificaciones del convenio como fueron la eliminación de los descansos los fines de semana, el reparto de las vacaciones durante todo el año en lugar de concentrarlas en verano (ambos ya recuperados este año) o la imposibilidad de trabajar los festivos, que se pagan a 140 euros.

Tras el último encuentro en el que estuvo presente Teresa Porras, el comité tachó de «lamentable» la actitud de la empresa, quedando a la espera de un nuevo cálculo que se ha comprometido a hacer la entidad en un intento de acercar posturas. Mientras tanto, los trabajadores ya se están asesorando a través de los equipos jurídicos de los distintos sindicatos para presentar sendas demandas individuales para exigir en los tribunales los atrasos que reclaman.