Limasa abonará 1.500 euros de atrasos a cada trabajador, frente a los 10.000 que exigen

El ambiente vuelve a caldearse en Limasa, hasta el punto de que en el comité de empresa ya empiezan a dejar caer la palabra movilizaciones una vez que, con la última sentencia en la mano, la entidad sólo les abonará unos 1.500 euros en atrasos frente a los 10.000 que reclaman. De momento, no es más que una posibilidad, pero es síntoma de cómo están los ánimos a día de hoy en la empresa de limpieza mientras el alcalde, Francisco de la Torre, firma el decreto para crear la comisión técnica que estudiará el procedimiento para su municipalización. Y es que el litigio que empresa y sindicatos mantienen desde hace años a cuenta del convenio colectivo no va a quedar zanjado con la sentencia del Juzgado de lo Social número 12 dictada la semana pasada que tumbaba las pretensiones de la entidad de consolidar los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis (salario, vacaciones repartidas durante todo el año, dejar de descansar todos los fines de semana o la imposibilidad de trabajar los festivos). Una vez que la jueza ha concluido que el único convenio vigente es el de 2010-2012 negándole validez permanente a los recortes contemplados en tres acuerdos parciales suscritos entre 2012 y 2013 para desconvocar sendas amenazas de huelga, ambas partes coinciden en que a la hora de negociar el nuevo marco laboral debe partirse de las condiciones laborales previas a estos recortes.

Sin embargo, el desacuerdo es total a la hora de interpretar si los 1.800 trabajadores deben recuperar esos derechos perdidos con carácter retroactivo. La empresa acepta que tiene que pagar, pero nada que ver con la cuantía que reclaman los sindicatos, así que el asunto volverá a los tribunales con el recurso de suplicación de la empresa ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para intentar mantener su tesis de que los acuerdos que ponen fin a una huelga deben tener la misma eficacia que lo acordado en convenio colectivo; es decir, que a su juicio deberían quedar consolidados.

De forma paralela, tanto la empresa como el Ayuntamiento (titular del 49% de las acciones) sí que han accedido a parte de las exigencias de los trabajadores y va a abonarles los atrasos derivados de la actualización de la paga de productividad (2014-2017) y de la paga de septiembre (2015-2017), así como los 68 euros de la cesta de Navidad desde 2014 a 2017, lo que en su conjunto supondrá un montante de 2,8 millones de euros para la plantilla. La cuantía media será de 1.550 euros, aunque variará en función de la categoría profesional de cada empleado. Así se lo transmitió la dirección de Limasa a los representantes sindicales durante una reunión mantenida ayer. Un encuentro del que el comité de empresa no salió precisamente satisfecho al considerar que «la deuda» con la plantilla es muy superior. En materia salarial, exigen una subida del 1,5% ya que el convenio recogía un incremento del 2% aunque para desconvocar la huelga en febrero de 2012 se pactó dejarlo en un 0,5%. Igualmente, también exigen la recuperación íntegra de la paga de productividad (han venido cobrando una parte). En total, el montante que piden rondaría los diez mil euros por trabajador sólo en estos conceptos.

Pero hay más. Del mismo modo, también entienden que la empresa debe compensar a la plantilla por el ahorro obtenido en los últimos años por otras modificaciones del convenio como fueron la eliminación de los descansos los fines de semana, el reparto de las vacaciones durante todo el año en lugar de concentrarlas en verano (ambos ya recuperados este año) o la imposibilidad de trabajar los festivos, que se pagan a 140 euros. «Es lamentable, no quieren reconocer la sentencia ni nada de lo que se firmó en el convenio 2010-2012», denunciaban desde el comité de empresa. De momento, ya han pedido una reunión con el alcalde, Francisco de la Torre, para que les diga «en persona si ésa es la postura aún existiendo varias sentencias a favor de los trabajadores». «Y si es así, realizaremos una asamblea para informar y decidir acciones, movilizaciones,...», advertían.

Por su parte, desde Limasa asumen que hay una sentencia y que con el pago de estas cantidades se muestra su disposición a cumplirla provisionalmente, así como a negociar con el comité de empresa «para garantizar la seguridad jurídica». Por ello, lamentaron que los representantes de los trabajadores «hayan abandonado la reunión y no hayan querido entablar diálogo, ni continuar con el calendario de reuniones que se le ha ofrecido».