Un juzgado ordena a Limasa devolver derechos a la plantilla, pero sin concretar los atrasos

Limasa, otra vez en los tribunales y otra vez sin nada definitivo. El Juzgado de lo Social número 4 de Málaga ha vuelto a ordenar este jueves a la empresa de limpieza la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada en junio de 2017 que negaba rango de convenio a los acuerdos que pusieron fin a la huelga de diciembre de 2013 y exhortaba a la compañía a reponer a la plantilla las condiciones de trabajo que tenía antes del citado acuerdo, retrotrayéndose al único convenio colectivo vigente, que es el de 2010-2012. Sin embargo, en la vista celebrada esta mañana tampoco se ha llegado a concretar qué derechos deben recuperar los trabajadores, algo que en principio se debería dilucidar cuando se reanude la sesión el próximo día 19 de febrero. Además, para saber la cuantía que corresponde a cada trabajador en concepto de atrasos desde 2012 hasta 2018 es necesario que cada empleado presente una demanda individual, un paso que ya han dado varios centenares de trabajadores. Todo ello en un contexto en el que sindicatos y Ayuntamiento siguen sin ponerse de acuerdo a la hora de cuantificar estos atrasos como paso previo a la firma de un convenio que regule las condiciones laborales de la plantilla y deje el camino despejado para la municipalización que pretende acometer el alcalde, Francisco de la Torre. Mientras el asunto continúa en los juzgados, la negociación paralela sigue rota. ¿Hasta cuándo? Habrá que esperar, aunque el regidor ha dado de margen hasta el próximo día 15 al comité para que acepte la oferta municipal, que pasa por convertir los 8.300 euros que ofrecía a los trabajadores como atrasos en un concepto variable a abonar en cinco años en función de la productividad de cada uno en su tarea diaria.

Volviendo a los tribunales, en ese pacto de fin de huelga, que estuvo vigente hasta finales de 2015, los trabajadores aceptaron una congelación salarial, la supresión en 2014 de la paga de productividad (1.431 euros), dejar de descansar todos los fines de semana y disfrutar la mitad de las vacaciones fuera de la temporada veraniega. En aquel fallo en respuesta a una demanda del Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (no forma parte del comité), el Alto Tribunal andaluz no anulaba la validez de este acuerdo, pero al negarle rango de convenio colectivo por una cuestión de forma impedía la consolidación de esos recortes que pretendía Limasa.

A esto se unen otros acuerdos posteriores, que son los que esgrime la empresa para tratar de frenar la ejecución de la sentencia. Además, por si fuera poco el embrollo judicial, este procedimiento es paralelo al del Juzgado de lo Social número 12, que en la misma línea también anulaba la vigencia de los recortes aplicados en aquel acuerdo, pero que ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «¿Cuántas sentencias necesita Limasa para reponer a los trabajadores los derechos reconocidos?», ha preguntado el abogado del STAL, José María Ramírez, quien ha requerido a la empresa que «ejecute de una vez» el fallo judicial. En cualquier caso, ha aclarado que al tratarse de un conflicto colectivo, la jueza entrará a determinar qué conceptos deben reponerse desde que se dictó la sentencia, como el incremento salarial, las pagas extras o la renovación del vestuario, aunque para concretar la cuantía exacta que le correspondería a cada trabajador como atrasos la única vía es a través de una demanda individual. El plazo expira el 30 de abril y, de momento, ya rondan el medio millar de reclamaciones presentadas.

En la vista celebrada esta mañana, la jueza ha aceptado la adhesión a la causa de los sindicatos que sí conforman el comité de empresa (UGT, CGT, UTL, USO, CSIF y CC OO), motivo por el que también han asistido a la sesión varios representantes sindicales, con el presidente Manuel Belmonte a la cabeza. «No vamos a renunciar a unos derechos que los trabajadores tienen por sentencia firme, así que esperaremos al día 19 a que la jueza determine la actualización de las tablas salariales y de la paga de productividad«, ha advertido el líder sindical, quien respecto a la advertencia del alcalde de abrir el camino de la privatización si no aceptan la propuesta municipal se ha mostrado contundente: »No vamos a admitir amenazas. Representamos a 1.800 familias y vamos a defender sus derechos«.