El juzgado archiva el 'caso Villas del Arenal' para la concejala Teresa Porras

En este auto, el juez concluye que no se aprecia en el caso de Porras la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias por los que seguía siendo investigada. Su letrado, el abogado José Carlos Aguilera, pidió días atrás el archivo del procedimiento judicial para la concejala, a lo que finalmente ha accedido el juez.

No obstante, siguen siendo investigados por este caso el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y el coordinador general de Urbanismo, José Cardador, para los que se mantiene la acusación de una supuesta prevaricación administrativa.

En el auto de sobreseimiento provisional, al que ha tenido acceso este periódico, el juez señala que la apertura de más de un centenar de expedientes de infracción urbanística en Villas del Arenal provocó «un grave problema vecinal» y trajo «no pocos quebraderos de cabeza a la corporación municipal», por lo que, en el seno de los debates que se suscitaron al respecto, Teresa Porras «medió para tratar de componer aquella acción municipal que para ella era totalmente descomedida».

«Las palabras utilizadas por la señora Porras en sus múltiples intervenciones pueden no haber sido muy afortunadas, pero no encerraban en sí un mandato ni siquiera insinuación a los funcionarios y técnicos del Departamento de Disciplina Urbanística, en el que ella carece de competencia alguna, con la finalidad de que hicieran dejación de sus funciones y dejaran caducar o prescribir los procedimientos aperturados, es decir, no existen indicios suficientes para considerar que la actuación de la señora Porras llegara a determinar que los funcionarios del Departamento de Disciplina Urbanística se desviaran o incumplieran la norma legal con perjuicio efectivo o potencial para los intereses del ciudadano o de la causa pública, merced a las órdenes, sugerencias o recomendaciones recibidas de ella», abunda el auto, que puede ser recurrido en el plazo de tres dias por la Fiscalía y las partes personadas, esto es, PSOE y Málaga Ahora.

Asimismo, el magistrado señala que las expresiones que anteriores responsables del servicio de Inspección han atribuido a Porras en el sentido de que «miraran para otro lado» en el asunto de los expedientes de Villas del Arenal «hay que valorarlas, como informa el Ministerio Fiscal, en el contexto de la fuerte tensión que solía rodear las reuniones con los vecinos». Para el juez, la actuación de Porras «hay que contemplarla lejos del funcionamiento de los técnicos, funcionarios y personal laboral» del departamento de Disciplina Urbanística de Urbanismo, respecto al que el auto remarca que existían «graves dificultades y atrasos en la tramitación de expedientes» que motivaron una reestructuración del servicio para dar un impulso a los procedimientos en tramitación que, a octubre de 2017, ascendían a 8.489 más otros 5.011 que estaban pendientes de resolución o providencia de archivo. «Es evidente que el retraso del deparamento estaba extramuros de los hechos que se investigan en esta causa», concluye el juez.