La Junta da un nuevo plazo al restaurante Antonio Martín para resolver su situación jurídica

El último paso dado por la administración regional en ese sentido es comunicar a los empresarios que siguen explotando el restaurante, pese a no disponer de concesión alguna en vigor, que es posible otorgarles una autorización provisional para que puedan seguir haciéndolo durante el plazo de un año, mientras se adopta una determinación a nivel jurídico entre Costas y la Junta sobre la permanencia o no de Antonio Martín en su actual emplazamiento, y sobre la fórmula legal que se adopte para reeditar la concesión del dominio marítimo-terrestre en su caso.

Eso sí, ese permiso provisional y excepcional para que pueda seguir la actividad del restaurante durante un año lleva aparejado como condición el pago de un canon reclamado por Costas que, según ha podido conocer SUR, asciende a unos 260.000 euros. Asimismo, los empresarios tendrán que abonar a la Junta una fianza, que todavía está por calcular y notificar a la empresa, mientras permanezcan en el lugar y se tramita una nueva concesión. Según han informado desde la delegación del Gobierno andaluz en Málaga, la delegación de Desarrollo Sostenible sí ha comunicado la condición del canon en los últimos días a la empresa, de la que SUR ha intentado sin éxito conocer si va a asumirlo o no.

Costas anunció a finales del año pasado que no tenía inconveniente en que se reeditara una concesión para un restaurante en el lugar que ocupa Antonio Martín, siempre que se respeten los límites que actualmente impone el Reglamento General de Costas a la construcción de negocios de hostelería en playas urbanas. Eso supone que el local no puede superar los 300 metros cuadrados de superficie en total. El restaurante Antonio Martín ocupa actualmente una superficie de 1.524 metros cuadrados tras las sucesivas ampliaciones a las que se ha visto sometido en las últimas décadas, por lo que tendría que ver reducida su superficie a la quinta parte.

No obstante, desde la Junta han aclarado que, por el momento, «no se valora exigir ninguna demolición hasta que no quede claro que dicha demolición no crea daños irreparables a intereses legítimos y a la identidad del municipio». Cabe recordar que uno de los argumentos que utilizó la administración regional para frenar las intenciones iniciales de Costas de demoler el restaurante fue un informe del Ayuntamiento en el que se apuntaba que este local constituye un «hito importante del origen del barrio de La Malagueta, contando con una antigüedad de más de 135 años de historia».

Aferrándose a consideraciones de ese tipo, una de las opciones que maneja la delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible para que Antonio Martín pueda permanecer en su actual ubicación es acudir al apartado 9 del artículo 69 del Reglamento de Costas que permite hacer una excepción en el cumplimiento de «superficies y distancias» para las concesiones en playas urbanas en el caso de «edificaciones ya existentes que hayan revertido al dominio público marítimo-terrestre» y sobre las que la administración competente «decida expresamente su mantenimiento por sus características singulares».

En este caso, al tener delegadas las competencias, la Junta se considera facultada para autorizar, por sus características singulares, una nueva concesión para el restaurante Antonio Martín sin que tenga que verse reducida su superficie actual, y sin que se tenga que cumplir otro de los requisitos del citado Reglamento de Costas: no estar a menos de 150 metros de otro negocio de hostelería similar. Antonio Marín tampoco cumple ese condicionante, ya que se encuentra a apenas unos 55 metros del chiringuito Sicsu, ubicado igualmente en la playa de La Malagueta.

En todo caso, será en los próximos meses cuando se decidirá por parte de la Junta y de Costas cómo se articula esa concesión y si se mantiene o no la actual superficie del establecimiento. En relación a la concesión, la UE ha advertido al Gobierno español que este tipo de autorizaciones tienen que hacerse por libre concurrencia, es decir, abriendo una oferta o concurso al que podrían presentarse en igualdad de condiciones tanto los actuales empresarios que explotan Antonio Martín como cualquier otra sociedad.

Sus actuales empresarios, la sociedad Explotaciones de Cesiones de Hostelería de Málaga y Andalucía (Exceho), ya solicitaron a la Junta disponer de una concesión en regla para explotar el restaurante, lo que ha dado pie a esta nueva decisión de la Junta de otorgar una autorización temporal de un año, condicionada al pago de un canon y una fianza, mientras se decide qué camino se toma para regularizar de manera definitiva la situación de este conocido negocio de la capital.