La Junta pide ayuda al Ayuntamiento para librar de la piqueta al restaurante Antonio Martín en Málaga

La delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que se encarga de gestionar las autorizaciones en el dominio público de Costas, ha intentado mediar ante este departamento estatal para que varíe su postura, apelando al «interés público» que tiene este restaurante para la ciudad. No obstante, desde este organismo nacional han pedido al Gobierno andaluz que justifique ese interés, y en ello están los responsables autonómicos. Para conseguirlo, según ha podido conocer este periódico, la delegación de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha pedido al Ayuntamiento que le ayude en esa justificación ante Costas y también le argumente que Antonio Martín tiene un interés para la ciudad.

«Hemos pedido al Ayuntamiento que también justifique ese interés público que pueda tener mantener esta instalación», han explicado a SUR fuentes de la Junta. El pasado 31 de marzo, la delegación de Desarrollo Sostenible remitió al Consistorio un escrito en el que le pedía que se pronunciara respecto a esa justificación que solicita Costas sobre el interés ciudadano de este restaurante, así como la incidencia que supone su mantenimiento respecto al Plan Málaga Litoral, el proyecto municipal para soterrar todo el eje litoral del Centro, desde la avenida de Manuel Agustín Heredia hasta el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

En la orden de desalojo y derribo de Costas influyó la propuesta que ese Plan Málaga Litoral contempla para el espacio ocupado actualmente por el restaurante Antonio Martín. Auspiciado por el alcalde, Francisco de la Torre, este plan pretende realizar en el lugar del restaurante una plaza que comunique visualmente con el mar el Parque y la avenida de Cánovas del Castillo, que quedará totalmente peatonal.

Desde el equipo de gobierno municipal se ha asegurado que el Consistorio no tiene urgencia en que desaparezca el restaurante, y se ha abogado por reeditar la concesión durante varios años más, como ha solicitado la sociedad Explotaciones de Cesiones de Hostelería de Málaga y Andalucía (Exceho), del empresario José Carlos Escribano, que a su vez tiene arrendado el restaurante a la cadena Gorki.

No obstante, la Junta ha pedido al Ayuntamiento que plasme esa postura por escrito y que, de esa forma, la acompañe a la hora de defender ante Costas que el mantenimiento del restaurante tiene un interés público para Málaga. Fuentes del equipo de gobierno municipal consultadas por SUR han explicado que están en proceso de respuesta a esa petición del Gobierno andaluz.

La historia del restaurante Antonio Martín se remonta a 1953, cuando se aprueba una concesión para María Segura Valderrama, con lo que se legaliza la actividad de restauración que se venía realizando desde 1886. En 1972, la concesión pasa a la empresa Restaurante Antonio Martín S.A., formada por los herederos de María Segura. En marzo de 1996, la empresa Explotaciones de Cesiones de Hostelería de Málaga y Andalucía (Exceho) firma con Restaurante Antonio Martín S.A. un contrato para la explotación del restaurante. Pocos días después, se disuelve la entidad concesionaria, lo que no quedó reflejado en el Registro Mercantil hasta 2007.

En 2010, al tener conocimiento oficial de la disolución de la concesionaria, Costas inicia el proceso para rescatar este espacio, pero no llega a culminarlo. En 2012 y 2015, la Junta inicia sendos expedientes para rescatar la concesión; y en 2019 una sentencia, ya firme, lleva a revertir el edificio a la demarcación de Costas, que ha optado inicialmente por su desaparición para recuperar este espacio de playa.

Tras las sucesivas ampliaciones experimentadas a lo largo de los años, el edificio ocupa actualmente una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. En cambio, la ley obliga actualmente a que los establecimientos de comidas y bebidas en tramos urbanos del dominio público marítimo-terrestre no superen los 200 metros cuadrados, «salvo casos excepcionales debidamente justificados, de los cuales 150 metros cuadrados podrán ser de edificación cerrada y el resto terraza cerrada mediante elementos desmontables que garanticen la permeabilidad de vistas». «A esta superficie se podrá añadir otros 70 metros cuadrados de ocupación abierta y desmontable, más una zona de aseo que no podrá superar los 30 metros cuadrados siempre que sea de uso público y gratuito», señala la 'Guía sobre criterios de gestión para las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre' de la Junta de Andalucía.