La Junta tendrá este mes el informe que el plan del Guadalmedina espera desde hace dos años

Como ayer informó SUR, la aprobación de la gran operación de integración del Guadalmedina, valorada en más de 200 millones de euros por parte del Consistorio, depende de una tramitación ambiental previa ante la Junta que arrastra un considerable retraso. Como otros muchos proyectos contemplados en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2011, la transformación del Guadalmedina tiene que someterse, antes de su autorización a nivel municipal, a lo que se denomina como una «evaluación ambiental estratégica».

Se trata de un trámite que se sigue ante la delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y que tiene dos opciones: la simplificada (más corta) y la ordinaria (más larga). En el caso del Guadalmedina, tras una consulta realizada por la Gerencia Municipal de Urbanismo, la Junta aclaró que el plan para el río tenía que seguir la versión larga, dada la envergadura de la actuación.

En mayo del año 2022, la delegación de Desarrollo Sostenible admitió a trámite la documentación ambiental aportada por el Ayuntamiento para la evaluación ambiental ordinaria del plan. Según lo recogido por la propia Junta en su web, este procedimiento implica en primer lugar la emisión de lo que se denomina como un 'documento de alcance' que viene a ser una primera revisión del proyecto tras varias consultas internas a otros departamentos de la administración regional para que sea adaptado o corregido, lo que deriva en un estudio ambiental que tiene que salir a exposición pública. Según explica la web de la consejería, ese documento de alcance debe emitirse «en un plazo máximo de tres meses».

Pues bien, más de dos años después, todavía no ha sido evacuado por la administración regional, que ahora apunta a finales de este mes como el momento en el que ese documento será emitido. Con todo, la evaluación ambiental del plan para el Guadalmedina se encuentra aún en su primera etapa y ya ha superado el plazo total máximo estimado para este tipo de procedimientos, que está fijado en unos dos años.

Una vez que la Junta emita ese 'documento de alcance', el Ayuntamiento tendrá que aportar un nuevo estudio ambiental estratégico sobre el plan para el río adaptado a lo que se apunte en ese informe, y ese estudio pasará por una segunda ronda de consultas a varios departamentos regionales y por un periodo de exposición pública para recabar posibles alegaciones. Ese procedimiento está fijado en un plazo de más de un año, unos 15 meses, que previsiblemente se alargará, ya que la fase inicial, en teoría de tres meses, ha tardado más de dos años en completarse.

Por último, la Junta hará un último análisis técnico del expediente y emitirá la definitiva declaración ambiental estratégica, tras la que el Ayuntamiento podrá iniciar el trámite para la aprobación del plan a nivel municipal. Es decir, que todavía quedan varios años para que la operación del río reciba la luz verde definitiva para poder empezar a materializarse, para lo que aún no está clara su financiación.