La Junta inicia un proceso sancionador por infracción muy grave contra el dueño de la finca donde murió Julen

Hay que recordar que, cuando se abrió la fase de instrucción en la vía penal, los informes de la Guardia Civil sobre la situación del pozo y de los terrenos fueron enviados a la Junta de Andalucía para que emprendiera las acciones oportunas si lo estimaba necesario. Es la vía administrativa, que funciona de forma paralela e independiente a la judicial.

Tal y como adelantó SUR, mientras se llevaba a cabo el rescate del pequeño, los agentes de la Unidad de Policía Judicial de la Benemérita se centraron en las circunstancias de la caída del pequeño y el sellado del pozo, mientras sus compañeros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) abordaron la legalidad de la perforación y del movimiento de tierra realizado en la parcela.

El informe del Seprona concluyó que no se adoptaron medidas de seguridad –la palabra que emplea es «nulas»– para evitar accidentes, principalmente en el pozo de sondeo realizado en la parcela del Cerro de la Corona, donde sucedieron los hechos. Los agentes iniciaron la inspección técnica de la zona el mismo día de la caída de Julen. Aparte de tomar mediciones de la parcela –4.439 m2– y del camino que lleva hasta ella –603 metros–, los guardias civiles realizaron un completo reportaje fotográfico del terreno, al que adjuntaron varios planos de situación y ortofotos (mayor precisión).

En el lugar, los agentes comprobaron que se habían hecho una serie de obras, que consistían en una explanada de forma rectangular, con unos 35 metros de largo, que tenía en su lado más ancho unos 17 metros de longitud. La superficie de construcción rondaba los 500 m2. Según las pesquisas, las tierras procedentes del rebaje se usaron para hacer la explanada y el sobrante se tiró al olivar que estaba bajo la misma.

Los guardias civiles también fotografiaron e inspeccionaron la zanja que estaba sobre el rebaje, con forma de 'L' y que tenía 35 metros de largo, 50 centímetros de profundidad y cinco metros de ancho. La última parte terminaba, precisamente, en el pozo al que cayó el crío, que también midieron. Según los cálculos del Seprona, tenía 28 centímetros en la boca, pero su diámetro de construcción era de 21 a 22. El pocero, Antonio Sánchez, declaró que tendría entre 111 y 114 metros de profundidad.

En la parcela, se hallaron tres palés con bloques de hormigón de color gris –como los que el dueño de la finca aseguró haber utilizado para tapar el agujero–, cuatro sacos de cemento, dos más de arena blanca y sendos rollos para canalizar los cables de la electricidad y el agua.

De las declaraciones que se tomaron al propietario de la parcela y al pocero se desprendía que ninguno de ellos solicitó los permisos, extremo que también concluyó el Seprona en su investigación. Los agentes indicaron en su informe que el pozo requería una licencia otorgada por el ayuntamiento, en este caso, de Totalán, como establece el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. También precisaba de un proyecto técnico firmado por un titulado en minas y visado por el Colegio Profesional. Y, por último, la concesión de la autorización administrativa.

Las otras obras, las del rebaje del terreno y la zanja para el muro de cimentación, tampoco disponían de licencia urbanística, según las pesquisas, que concluyeron, en definitiva, que nada de lo que se hizo allí tenía la autorización exigible, ni tampoco los planes de seguridad y salud en el trabajo, que el promotor debe encargar y el contratista, elaborar.

En consecuencia, el Seprona consideraría responsables de las infracciones urbanísticas detectadas tanto al promotor –dueño de la parcela– como al contratista –el pocero–. Dado que esas irregularidades afectan a la autoridad municipal –Ayuntamiento de Totalán– como a la Junta –delegaciones de Empleo, en lo relativo a las actividades mineras, y de Medio Ambiente, por la Agencia Andaluza del Agua–, los agentes remitieron sus conclusiones a todos los organismos competentes, además de a la jueza que instruye el caso.

Desde hace unas semanas, según ha podido saber este periódico, los técnicos de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas trabajan en los procedimientos sancionadores abiertos contra Serrano y el pocero como presuntos responsables de una infracción muy grave en materia de seguridad.