La Junta estima que cuatro de cada diez viviendas turísticas de Málaga capital no están operativas

Es fácil pensar que las prohibiciones de viviendas turísticas van a suponer un freno a las inscripciones de inmuebles en el Registro de Turismo de Andalucía. En ocasiones, las consecuencias son bien distintas. Entre el por si acaso y los continuos cambios en materia legislativa sobre la autoridad de las comunidades de vecinos en la prohibición de viviendas turísticas o las limitaciones de los municipios, cada vez son más los propietarios que optan por inscribir sus inmuebles en el Registro de Turismo de Andalucía para contar con el código que les permite comercializarlas aún sabiendo que esta no es la intención final. Una inflación de inscripciones que no se corresponde con la realidad del mercado a la que la Junta, entre otros asuntos relaciones con este sector, va a poner orden próximamente.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, asegura que si la media de los municipios andaluces está en torno al 20% de viviendas que se registran pero no se sacan al mercado, en el caso de la capital de la Costa del Sol, que ya ha prohibido esta actividad en 43 zonas de la ciudad, este porcentaje llega al 40% de los 13.308 inmuebles inscritos en el Registro de Turismo. «Tenemos un número muy elevado de vivienda que está vacía, que está inscrita en el registro pero que no se usa con fines turísticos», afirma para explicar que la principal causa es el «'ad cautelam', por si acaso». El consejero asegura que estos propietarios lo hacen ante la posibilidad de que se endurezcan los requisitos o que la comunidad de propietarios acuerde que no puede haber actividades económicas en los pisos. «Si ya lo tengo inscrito no cabe el efecto retroactivo», apunta.

Sin embargo, hay otra motivación que también gana fuerza: la de revalorizar la vivienda ante una posible venta en la que el tener la autorización para ser comercializada en las plataformas de alquiler vacacional eleva su precio y más cuando las limitaciones cada vez son mayores. «Hay propietarios que dicen tengo mi casa, la voy a registrar como turística aunque la estoy ocupando yo, pero el día que la venda vale más porque tiene esa autorización».

En este sentido, Remy Dubois, CEO fundador, propietario y director general del grupo Rems, especializado en viviendas turísticas de alta gama, segunda empresa en volumen de inmuebles y primera en ventas en Airbnb en Málaga, ya avanzó cuando el Ayuntamiento comenzó a dar sus primero pasos para esta primera regulación que ésta sería otra consecuencia de las nuevas prohibiciones. Es más, vaticinó: «también ocurrirá que se disparen como en Barcelona, con subidas de un 50% el valor de los pisos que cuenten con licencia de vivienda turística en vigor. En el resto de los inmuebles los precios se normalizarán». Y apostilló en su análisis sobre los efectos de estas limitaciones que estos serán «muy progresivos».

Amén de quienes en la actualidad están registrando sus inmuebles para comercializarlos a sabiendas de que están en zonas prohibidas por el Ayuntamiento de Málaga para ejercer esta actividad, para lo que la norma de la Junta de Andalucía exige una declaración responsable de que se cumplen con los criterios exigidos. Una decisión que tiene consecuencias.

Toda una serie de circunstancias a las que la Junta de Andalucía quiere poner coto con una nueva normativa que va a tener rango de ley muy próximamente y que, entre otras medidas, abarcará altas controladas por referencias catastrales, inspección y propuesta de sanción automática en inscripciones del Registro de Turismo por declaración responsable fuera de ordenación urbanística o informes de compatibilidad al modelo urbanístico definido por cada municipio. «Va a introducir una serie de atributos y de características que van a ayudar a los ayuntamientos y también van a facilitar la convivencia», explica para insistir en el mensaje de que «me niego a pensar que las viviendas turísticas sean realmente el problema de las ciudades». Cabe recordar que en la provincia se computan ya 81.180 inmuebles de alquiler vacacional registrados, que suman 430.096 camas. De ellos, 13.308 están ubicados en la capital con 68.992 plazas. Desde la Junta añaden que será una ley que va a mejorar las herramientas que tienen los ayuntamientos en materia de urbanismo para aplicar el decreto de viviendas turísticas y agilizar procesos como los iniciados en la capital de la Costa del Sol tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que requieren de un tiempo ante el carácter garantista de la norma. De hecho, son numerosos los procesos de desinscripción que lleva a cabo la Junta en toda Andalucía y, concretamente, en la ciudad de Málaga que ya tiene prohibidas las viviendas de alquiler vacacional en 43 zonas y que limita esta actividad en el resto de la capital a inmuebles que tengan accesos independientes. Unos trámites que siguen su curso.

Bernal pone el foco en que «según el último cómputo que hizo el Ayuntamiento de Málaga en la capital hay 16.000 viviendas vacías. Y según el alcalde, quizá el problema de la vivienda se resolvería con tener 4.000 o 4.500 viviendas a disposición del público para alquiler o venta. Quiere decir que con un 25% de los inmuebles que están ahora mismo vacíos se podía resolver este problema que se produce porque no hay promoción de vivienda, no hay suelo disponible para proyectos públicos, y porque la Ley de la Vivienda fundamentalmente es una ley fallida, es una ley que se pensó para resolver este problema, pero sin duda ha sido el artífice de todo lo contrario. Y lo que ha generado es una inseguridad jurídica en los propietarios que las han retirado del mercado».