La Junta asegura que hay solución para las casas de la playa de El Palo y exige al Gobierno que mueva ficha

Actualmente, las casas de la playa de El Palo se encuentran todavía dentro del dominio público marítimo-terrestre porque la línea que lo delimita discurre al norte, por la avenida de Salvador Allende. Lo que piden los vecinos es que esa frontera pase a dibujarse en el borde sur, junto al paseo marítimo, para que los suelos sobre los que se asientan estas edificaciones dejen de estar en manos de Costas.

La Ley de Costas de 2013 abrió la puerta a esa regularización. Sin embargo, tras esa ley se emitieron dos sentencias del Tribunal Constitucional, una de ellas en 2015 a raíz de un recurso del PSOE y otra en 2016, que interpretaron que la exclusión de estos núcleos del dominio público marítimo-terrestre que se pretendió con la nueva normativa de 2013 realmente sólo sería una declaración de innecesariedad. Según Costas, para modificar la delimitación del dominio público, sería obligado tramitar no sólo un procedimiento de desafectación ordinario, sino también aprobar una orden ministerial conjunta de los Ministerios de Transición Ecológica y de Hacienda «que se ha revelado de imposible contenido con la actual legislación de Patrimonio», según han asegurado desde el Gobierno central.

Sin embargo, para Carolina España, sí existen actualmente resortes jurídicos que harían posible la solución para regularizar estas viviendas. «Entendemos que se puede hacer. Si el Gobierno de España no está de acuerdo con la Ley de Costas actual, que la cambie. Nosotros la cambiamos en su momento y creemos que con la ley que hay se puede dar una solución. Que no se le dé la espalda a estos vecinos», ha afirmado la consejera.

«Desde el Gobierno insisten en que la ley no lo permite, pero entonces por qué no han cambiado la ley en estos últimos siete años. Se tienen que poner de acuerdo los dos ministerios, que se organicen entre ellos y que les den una solución a los vecinos. Cada vez que quieren poner en marcha cualquier tema lo hacen y, si hay que cambiar la ley, que se cambie. No es un problema jurídico, es un problema de voluntad política», ha remarcado España, quien ha asegurado que existe «amparo normativo» para dar una solución a las casas de la playa de El Palo «como se hizo con las de Pedregalejo».

«Desde el Gobierno andaluz no tenemos competencias, pero tendemos la mano a cualquier colaboración que podamos hacer desde la Junta», ha insistido la consejera, que ha comparecido ante los medios acompañada por el delegado regional de Hacienda, Antonio García; el diputado nacional del PP Mario Cortés; y el concejal del distrito Este, Carlos Conde. Este último ha señalado que «han pasado siete años de Gobierno socialista en los que la única gestión fue una hora de reunión con los vecinos en la Subdelegación para decirles que ahora mismo no tienen posibilidad de hacer nada, y que esto tendrían que verlo en Madrid».

Por su parte, Manuel Benavides, presidente de la asociación de vecinos Rebalaje, ha agradecido el apoyo de la Junta y ha expresado el objetivo de que se lleve «una moción al Congreso de los Diputados para que se cumpla la ley». «Somos unos cuatro mil malagueños padeciendo esto desde hace casi cuarenta años», ha afirmado.