El juicio sobre el convenio colectivo de Limasa vuelve a suspenderse

Nuevo retraso en el litigio que Limasa y comité de empresa mantienen desde hace años a cuenta del convenio colectivo, que se encuentra prorrogado desde el año 2012. El juicio previsto este lunes en el Juzgado de lo Social número 12 para determinar si los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 tienen o no rango de convenio (lo que en la práctica se traduce en aclarar si los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis deben quedar consolidados en el nuevo marco laboral) ha vuelto a ser suspendido. En esta ocasión, ha sido la propia jueza la que ha tomado la decisión por una cuestión organizativa debido a la falta de espacio de la sala en la que estaba prevista la sesión. De momento, se desconoce la nueva fecha para celebrar esta vista sobre la que están puestas las miras para sentar las bases de las condiciones laborales que tendrá la plantilla cuando el servicio de limpieza sea municipalizado. La diferencia entre la postura de la empresa de mantener los recortes y la de los trabajadores es de unos diez millones de euros anuales, sin contar los retrasos que podrían reclamarse en caso de que los tribunales dieran la razón a los sindicatos.

A la espera del juicio, los trabajadores cuentan con una carta a su favor: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –es firme desde mayo tras rechazar el Supremo el recurso interpuesto por Limasa– que insta a la todavía empresa mixta de limpieza (51% en manos privadas) a reponer a la plantilla las condiciones de trabajo que tenía antes del acuerdo que puso fin a la huelga de 2013, de forma que el convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes.

Cuando el alcalde, Francisco de la Torre, dio marcha el pasado junio al modelo híbrido (la limpieza en manos privadas y la recogida de residuos, pública) que seis meses antes había pactado con Ciudadanos para apostar definitivamente por una municipalización integral, la pretensión del equipo de gobierno era que los empleados renunciaran a la aplicación de este fallo judicial logrado por un sindicato sin representación en el comité de empresa (el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local). Pero la respuesta fue negativa.

Así que después de abordar la cuestión en varias reuniones con las seis fuerzas que integran el comité, ambas partes acordaron jugársela a una sola carta: la del Juzgado de lo Social número 12 en un procedimiento paralelo que se ha visto interrumpido en dos ocasiones: la primera, en septiembre de 2016, cuando la jueza decidió archivar provisionalmente la causa e instar a las partes a retomar el diálogo. Y así lo hicieron, pero tras un año sin el más mínimo avance volvieron a citarse en la sala de vistas en noviembre de 2017. Y, de nuevo también, las partes acordaron dejar el litigio en suspenso a la espera de que el Supremo se pronunciara sobre el citado recurso de Limasa a la sentencia del TSJA. Y ahora, nuevo parón que mantiene en el aire las condiciones laborales de la plantilla en el nuevo escenario municipal. Aunque en caso de retrasarse más de lo previsto, en el Ayuntamiento no descartan la posibilidad de cerrar un acuerdo con la plantilla dejando esta cuestión pendiente del dictamen judicial.

De confirmarse en los juzgados la tesis de los trabajadores, deberían recuperar todos los derechos perdidos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano y la cesta de Navidad valorada en 68 euros.