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Después de varias suspensiones, el juicio clave para determinar las condiciones laborales de los trabajadores de Limasa quedó ayer visto para sentencia. Pese a que los intentos de llegar a un acuerdo se apuraron hasta última hora, empresa y sindicatos no han logrado un acercamiento a la hora de determinar si los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 tienen o no rango de convenio, lo que en la práctica se traduce en aclarar si los recortes aplicados a la plantilla durante la crisis deben quedar consolidados en el nuevo marco laboral (como pretenden el Ayuntamiento y Limasa) o si, por el contrario, la plantilla debe recuperar los derechos perdidos.
Ambas partes defendieron su postura durante una vista que se prolongó durante cerca de dos horas y media en el Juzgado de lo Social número 12, sobre el que unos y otros tienen puestas las miras para sentar las bases de las condiciones laborales que tendrá la plantilla de la empresa de limpieza cuando sea municipalizada. La diferencia entre la postura de la empresa de mantener los recortes y la de los trabajadores es de unos diez millones de euros anuales, sin contar los retrasos que podrían reclamarse en caso de que los tribunales dieran la razón a los sindicatos. De momento, los trabajadores tienen a su favor la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que insta a la todavía empresa mixta de limpieza (51% en manos privadas) a reponer a la plantilla las condiciones de trabajo que tenía antes del acuerdo que puso fin a la huelga de 2013.
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